Las personas que sufran violencia intrafamiliar podrán llamar al 012 para recibir información

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, presentó el plan ante el Consejo de Servicios Sociales de Castilla y León, reunido este viernes en Valladolid, para su análisis y estudio así como recibir aportaciones para su mejora. Aseguró que es un programa «pionero» que convierte a la primera comunidad de España en abordar la prevención de los malos tratos dentro de las familias. El primer objetivo es identificar las diferentes manifestaciones de la violencia intrafamiliar en referencia a cuatro grupos de relaciones bidireccionales: padres-hijos, pareja, mayores y personas con discapacidad.

García reconoció que se trata de un tipo de violencia «compleja» y difícil de abordar. Así lo corroboran los datos existentes. En lo relativo a la violencia respecto de los menores, en Castilla y León, entre 2007 y 2017, la violencia de género dejó 58 menores huérfanos, hijos de 34 mujeres que fueron asesinadas. Junto a esto, en 2017 se abrieron un total de 377 nuevos expedientes de protección, 171 niños y 206 niñas y, en total, 1.959 menores contaron con expediente de protección. Entre las causas que motivaron los expedientes destacaron la negligencia física (31% de los casos) y la negligencia física (24%). El maltrato físico y psíquico estaba presente en el 8% y 6% de los casos, según informa Ical.

Respecto a la violencia filioparental, el dato del número de sentencias dictadas por los juzgados de menores en la comunidad en los que se acuerda la imposición de una medida consecuencia de una infracción por este tipo de comportamientos ha pasado de 37 en 2007 a 85 en 2017, y representa cerca del 11 por ciento del total de sentencias con medida.

En relación a la violencia de género destaca, en 2017 respecto a 2016, el número de denuncias presentadas creció un 16,8% y el de las órdenes de protección concedidas un 11,7%. Respecto a los menores víctimas de esta violencia, y con datos nacionales del Ministerio de Igualdad, desde 2013 son 27 los niños que han sido asesinados en España, ninguno de ellos en Castilla y León, y 194 los que han perdido a sus madres.

En cuanto el maltrato a personas mayores, encuestas nacionales señalan que el 0,8% de las personas mayores entrevistadas había sido víctimas de maltrato por parte de algún familiar, porcentaje que aumentaba hasta el 1,5% entre las personas mayores dependientes, a lo que se añade que las personas mayores presentan mayores tasas de todos los tipos de maltrato.

Por último, y respecto al maltrato de la personas con discapacidad, en la Macroencuesta realizada en 2015 por el Ministerio de Sanidad sobre violencia contra la mujer se indica que la prevalencia de la «violencia severa» en las mujeres con discapacidad por parte de sus parejas es mayor a la que sufren las personas sin discapacidad, 6,4% en el caso de mujeres sin discapacidad frente al 12% en mujeres con discapacidad.

Ante una violencia con tantas aristas en el entorno familiar, la consejera subrayó que se trata de un fenómeno «integral» y «único». García abogó por una actuación con una perspectiva global más que sectorial. De ahí, se explica que la elaboración del plan haya contado con la participación de las Consejerías de Familia, Educación y Sanidad. Además, García recordó que Castilla y León ya cuenta con un amplio conjunto de medidas y mecanismos de actuación frente al maltrato pero la novedad de este programa es aúna todas ellas y aborda la violencia intrafamiliar desde una visión más amplia.

Alicia García reclamó contar con más datos sobre la violencia intrafamiliar que ayuden a establecer mecanismos de prevención y detección más eficaces. Por eso el plan contempla el desarrollo de investigaciones y estudios sobre los factores de riesgo que inciden en el maltrato a personas mayores, a mujeres, a personas con discapacidad y en la violencia filioparental.

Preguntada por el aumento de los casos de violencia contra la mujer y en el ámbito de la familia en la última semana, la consejera recordó que las administraciones cuentan con los instrumentos necesarios para frente a estos episodios. Aseguró que es necesaria reforzar la educación en igualdad, sin olvidar la coordinación entre los agentes implicados y las administraciones. En ese sentido, recordó que la Junta ya comparte los informes sociales de las víctimas con los jueces y los fiscales para que tengan «más información» a la hora de tomar sus decisiones.

También pidió «no politizar» la violencia de género. En todo caso, calificó de «positivo» el hecho de que haya más denuncias porque significa que, cada vez , hay más mujeres se deciden a «dar el paso».