El personal de gestión de la Junta alternará presencia en la oficina a turnos con teletrabajo

El responsable del departamento que gestiona los recursos humanos de la Administración autonómica como empresa ha asegurado que el plan interno de desescalada de la Junta, que está abierto a las aportaciones sindicales, aporta mayores medidas de protección que las que recoge la instrucción de la Secretaria de Estado de Función Pública del Gobierno de España.

Ibáñez ha comprometido «medios de protección homogéneos para todos los empleados públicos» y ha apuntado que ese retorno a los centros de trabajo se efectuará, en la Junta de Castilla y León, bajo cinco pautas que empiezan por la protección de los empleados con condicionantes personales de riesgo, la conciliación con el cuidado de los hijos, el mantenimiento de los servicios esenciales contra la covid-19 y ese diseño de organización laboral con jornada presencial y «en remoto» y trabajo a turnos.

El consejero de la Presidencia, que ha superado la infección por coronavirus, ha informado a los procuradores de que la Junta va a «reconocer» la «implicación, disponibilidad, responsabilidad, profesionalidad y humanidad» de los empleados públicos en una labor que «ha ido más allá del deber exigible».

Ibáñez avanzó que un grupo de trabajo lleva tiempo analizando en qué consistirá ese reconocimiento (no fue explícito) y quién lo recibirá. Sí esbozó el consejero que, además del personal sanitario, el de servicios sociales que ha «desbordado cariño y sensibilidad» en la atención a mayores; el de Emergencias 112 y cualquier otros que apunten los responsables de las distintas consejerías en ese grupo de trabajo. «Es de bien nacidos ser agradecidos», ha remarcado Ángel Ibáñez.

El consejero ha sido especialmente crítico con las organizaciones sindicales y los colegios profesionales que demandaron a la Junta ante los tribunales por la falta de equipos de protección para los profesionales sanitarios y de servicios sociales. Ibáñez ha calificado las demandas como «poco elegantes». Relató que se interpusieron en un momento en el que en la Junta se estaban «dejando la piel» para comprar ese material en un «mercado muy complicado» y en un escenario de «máxima explosión de la pandemia» y con los servicios públicos a punto de desbordarse.

Con ese escenario, ha destacado Ibáñez, «había personas que dejaban de hacer compras para escribir informes justificando que estábamos haciendo esas compras», informes que requerían los jueces. A juicio del consejero se «malgastaron fuerzas» en un momento muy crítico, por lo que ha invitado a «hacer una reflexión» a los promotores de esas acciones judiciales.

Ángel Ibáñez ha informado de que 178 trabajadores públicos de Educación, cuyos centros cerraron a principio de la declaración del estado de alarma, han pasado a reforzar las maltrechas plantillas de los centros residenciales de Servicios Sociales, personal sanitario, auxiliar, de cocina...

El consejero de la Presidencia ha defendido la labor de coordinación interna, con otras administraciones y con los delegados territoriales de la Junta que ha desarrollado su departamento. Ángel Ibáñez ha manifestado que la «red de la Junta» ha permitido llegar «a cada uno de los rincones de nuestro territorio y a cada uno de nuestros paisanos». El consejero y procurador del PP por Burgos ha aprovechado la comparecencia parlamentaria para elogiar la labor de «buena gobernanza» de Alfonso Fernández Mañueco, desde la «entereza y el diálogo», la del vicepresidente Francisco Igea y la del resto de compañeros de gobierno, «huyendo de improvisaciones y ocurrencias».