Pedro Sánchez anuncia «convenios de transición» para compensar a las comarcas mineras

El futuro de comarcas de tradición mineras como El Bierzo también tuvo su extensión durante el pleno en las Cortes de Castilla y León. Toda la cámara aprobó por unanimidad una proposición no de ley (PNL) presentada por Podemos para incorporar a los trabajadores de contratas y subcontratas a los beneficios acordados en octubre entre Gobierno central, sindicatos y la patronal Carbunión. En este plan social se marcaban las condiciones para las prejubilaciones, las bajas indemnizadas o la inclusión en una bolsa de trabajo que facilitase el acceso a cursos de formación. Sin embargo, más de 800 empleados de contratas y subcontratas quedaron fuera de esos compromisos. Ayer, las Cortes instaron a la Junta para que se dirija al Gobierno e incorpore a estos trabajadores al plan social.

Alfredo Peláez, responsable de Comisiones Obreras en El Bierzo, agradeció ayer la iniciativa parlamentaria. «Queríamos una declaración institucional de que las cosas se van a mover. Todos los grupos han entendido la situación en la que nos encontramos. Exigimos un plan social para los trabajadores mayores de 55 años que tienen una difícil empleabilidad y una serie de recolocaciones para la gente joven. Es lo que nos había prometido Endesa. Esperamos que el posicionamiento político de la PNL se traduzca en una serie de actuaciones para solucionar el problema. Se puede instar a Endesa para que se siente de una vez en la mesa de negociación que nos han prometido a las empresas auxiliares».

Esta situación fue calificada como «perentoria» por el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, para evitar la existencia de trabajadores de «segunda», la misma expresión que empleó José Sarrión (IU), que calificó como «una vergüenza» la privatización de Endesa por parte de PP y PSOE. Manuel Mitadiel, de Ciudadanos, consideró que «había que haber luchado mucho más al día siguiente del cierre de la minería» y consideró «víctimas» a los trabajadores afectados. La procuradora socialista Gloria Acevedo apuntó que su partido «no ha dejado a nadie atrás» y el PP propuso, a través del procurador Juan José Sanz Vitorio, que se mantenga la actividad en centrales como La Robla o Compostilla hasta 2030. «No entendemos que en otros países de Europa, como en Polonia y Alemania, se haya pospuesto el cierre hasta 2035 y 2038, y aquí el gobierno socialista no haya luchado para ampliar el horizonte de descarbonización de nuestras cuencas», añadió su compañero Marco Morala, candidato del PP a la alcaldía de Ponferrada en los pasillos de las Cortes.

En el intercambio dialéctico en el Pleno, las palabras subieron de tono. Desde su escaño, el procurador socialista Pedro González llamó «imbécil de marca mayor» al portavoz de Podemos, Pablo Fernández, y este le tildó de «impresentable». González mantuvo su calificativo cuando la presidenta de las Cortes le instó a retirarlo.