La pandemia desnuda las carencias de las residencias de mayores en Castilla y León y obliga a cambios

¿Por dónde van a ir los cambios y qué es lo que marca la regulación en ese momento? El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, reconoció el viernes, en las Cortes, la necesidad de que «el nuevo modelo refuerce la atención» en estos centros y planteó a la oposición la apertura de una mesa de análisis y negociación. El ofrecimiento de diálogo se concreta tras reiteradas llamadas de alerta por parte de partidos, sindicatos y familias y las cifras diarias que arroja la pandemia. El recuento de fallecidos entre los residentes de estos centros, por covid-19 o con síntomas compatibles pero sin diagnosticar por falta de test , suma 2.226 víctimas.

Castilla y León cuenta con una red de 1.214 residencias y viviendas tuteladas, de las que 25 son de titularidad de la Junta. El resto se reparte entre ayuntamientos y diputaciones, que en muchos casos encargan su gestión a asociaciones, empresas y órdenes religiosas; organizaciones del ámbito social y firmas privadas. Estas últimas componen lo que se conoce como la industria del cuidado, a la que se han incorporado en los últimos años fondos de inversión internacionales y grupos de construcción que vieron en la anterior crisis cómo bajaba el negocio de la obra pública y recondujeron sus balances hacia los servicios sociales.

El tamaño de esos 1.214 centros es dispar, Suman alrededor de 53.000 plazas, de las que unas 3.000 son de gestión directa de la Junta de Castilla y León.

Alfonso Fernández Mañueco esbozó algunas de esas reformas necesarias surgidas de la dura enseñanza de la covid-19: más habitaciones individuales; acopio de material de protección (como mínimo para dos meses); formación del personal en su uso y la implantación de un programa informático que permita a la Administración autonómica conocer «en tiempo real» la situación de todos los centros.

«Será necesario realizar un exhaustivo informe cuando pase la pandemia», apuntan fuentes de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, a cuyo frente está Isabel Blanco Llamas. A falta de mayor precisión, de la necesidad que el presidente Mañueco apuntó de incorporar « herramientas informáticas» se puede deducir que había zonas borrosas en las fotografías de situación que la consejería ha manejado para tomar decisiones.

Oficialmente ha sido imposible conocer qué centros privados atravesaban más problemas. La Ley de Protección de Datos les ha servido de escudo. Los propietarios que decidían no dar información tenían garantizado ese anonimato.

La procuradora del PSOE Nuria Rubio, asegura que ha habido «opacidad» sobre la situación de la residencias privadas. Un déficit de transparencia al que añade la falta de información sobre los resultados de inspecciones. «Saber a qué centros se ha ido, si cumplían y si se hacen de forma periódica ha sido imposible», precisa la parlamentaria regional leonesa, que avanza que se sentarán a discutir el nuevo modelo «con ánimo constructivo y propuestas sólidas».

La reforma sobrevenida del modelo pilla al Gobierno autonómico con un anteproyecto de decreto para regular las condiciones de apertura y autorización de centros de servicios sociales muy avanzado. Es el tercero que iba a aprobar la Junta desde 2016. Los otros dos fueron anulados por los tribunales con apenas unos meses de aplicación.

Los tres textos, los dos revocados y el anteproyecto que se pone en cuarentena ahora, incidían en la aplicación del modelo 'En mi casa', de «unidades de convivencia» que persiguen trasladar el modo vida hogareño. El presidente de la Junta también adelantó que la reforma apostaría por esas unidades «no solo para mejorar el bienestar de las personas sino también para dificultar los contagios». El número de internos que conviven es reducido y les atiende el mismo personal.

La clave del modelo es cuando la unidad de convivencia pasa a ser una unidad de convalecencia con personas que pierden autonomía y requieren más cuidados. Los tres decretos, los dos anulados y el nonato, enfocan hacia una atención social y descargan la sanitaria en Sacyl. «Las personas usuarias de estos centros no son enfermos», recoge el preámbulo del último texto. Este elimina la obligatoriedad de contar con médico a los centros de menos de 90 internos y con enfermera en los de menos de 60 plazas, a partir de 2022. Afectaría al 80% de las residencias de mayores, que suman más de 25.000 plazas.

«No es realista que la salud sea un aspecto secundario en estos centros. Una parte muy importante son personas que necesitan cuidados constantes, controles diarios, curas de escaras, insulina, aerosoles, sondas...», resalta Jorge Félix Alonso, de la Plataforma Social de Valladolid.

«Será necesario revisarlo (el borrador) de nuevo tras el covid-19. Cuando se recupere la normalidad, se avanzará hacia una Ley de Atención Residencial, escuchando a todo el mundo», insisten desde el entorno de Isabel Blanco. «De 1.214 centros de Castilla y León no ha habido casos en el 70%, algo se ha debido de hacer bien, aunque a nadie se le oculta que se puede mejorar», valora Miguel Ángel García Nieto, portavoz adjunto del PP en las Cortes.

Sobre el grupo de trabajo, García Nieto afirma que será la Consejería de Familia la que marque el ritmo. «La intención es avanzar hacia una ley», resalta el dirigente del PP. Algo que se acordó en las Cortes en noviembre de 2017, sin que haya tenido efecto hasta ahora. «Es básica una regulación por ley que aporte seguridad y permita sancionar y avanzar hacia un modelo público. La Sanidad ha aguantado mejor esta crisis y se debe a la preeminencia de lo público. A la vista está, además, que no se puede eliminar el personal sanitario de los centros de mayores, defiende Nuria Rubio.

Por el momento se aplica un decreto de 2001. Han pasado 19 años. Lo firma Carlos Fernández Carriedo, entonces consejero de Sanidad y Bienestar Social y hoy de Economía y Hacienda.

Los sindicatos llaman la atención sobre las condiciones de trabajo de los centros de mayores. «Con esta crisis sanitaria han saltado todas las costuras de las residencias, pero es que prestaban un servicio con mucha escasez de personal, no daban abasto», explica Luis Álvarez, adjunto a la Secretaria autonómica de la Federación de Sanidad y Servicios Sociosanitarios de CC OO.

Este sindicato hizo un estudio el otoño pasado sobre la situación de las gerocultoras, que son las que cuidan y asean a los mayores, y el mismo arrojó sobrecarga de trabajo con sobreesfuerzo físico y emocional, problemas de ansiedad «por la sensación de no llegar» y agotamiento psicológico. Si el porcentaje de la población trabajadora que consume hipnosedantes para dormir es del 7,3%, en el sector de servicios sociales sube al 8, 6%, que en caso de las mujeres es el 11,1%. «Faltan guantes, mascarillas, batas... O no se pueden usar porque los ritmos lo impiden o dan mala imagen», recoge el estudio. Los equipos de protección individual (EPI) eran necesarios para el trabajo cotidiano, el previo a la covid-19.

Un trabajo, apunta Fonsi Bonafonte, de UGT, en el que ha aumentado la proporción de residentes con grave deterioro cognitivo o conductas agresivas por demencias. Con salarios que no superan los mil euros netos mensuales, noche incluidas, reconocen los dos sindicalistas.

El sector arroja diferencias entre las condiciones de trabajo de los centros privados y los públicos, pero en los autonómicos tampoco es igual la situación de médicos y enfermeras de los centros de servicios sociales de la Junta que los de Sacyl.

Mariano Prieto, presidente AGCYL CSIF, incide en la «indefensión» laboral que sufre el personas de las residencias públicas durante esta crisis sanitaria por la falta de técnicos que evalúen riesgos laborales y las «inoperancia» de directores de centros. «Hay provincias en la que no se han hecho aún test a los trabajadores porque si dan positivo, no hay para cubrir esas bajas», critica Prieto.