La pandemia crea una lista de espera de tres mil dependientes sin prestación en la región

«El cierre del registro para nueva demanda, el que no hayan podido entrar, ha generado un acúmulo de personas pendientes que no han podido presentar sus datos ni se les ha podido realizar la evaluación y los demás trámites, porque dependen de la visita de un trabajador social, de un informe médico... y lo único que, no obstante, sí se ha seguido tramitando es lo que ya estaba en marcha y solo faltaban resoluciones o cambios de prestación. Y, desde luego, las emergencias», explica Jesús Fuertes, secretario general de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.

De esta forma, y según estimaciones de este departamento dado que al estar clausurado el registro tampoco hay constancia, unas tres mil personas estarán actualmente en lista de espera y, «en cuanto sea posible, reactivaremos la tramitación para poner al día la demanda. No es la primera vez que tenemos que abordar un volumen importante de nuevas solicitudes», explica el responsable autonómico de estas prestaciones.

«Los ya valorados los hemos resuelto; pero se ha suspendido la actividad con carácter general por problema de seguridad también de los profesionales; solo la actividad interna se ha desarrollado; pero algunos expedientes requieren que se subsanen los datos. Es posible, pero aún es pronto para conocer su impacto, que la más alta mortalidad por covid además haya incidido en un mayor número de beneficiarios perdidos». Los datos reflejan una disminución en 833 personas que recibían ayudas o prestaciones entre diciembre de 2019 y los últimos datos a cierre de abril y de 983 entre marzo y dicho mes. Hay un descenso de los dependientes con derecho a prestación en todos los grados. Y el cómputo además constata cambios en el tipo de prestaciones.

Caen en 148 las de promoción de la autonomía y prevención de la dependencia. Un descenso lógico con el cierre de centros de día y talleres ocupacionales por la alarma sanitaria. Más llamativo es el bajón de las ayudas económicas para cuidados en el entorno familiar que decaen en 297 cuando precisamente se ha vivido un periodo de confinamiento. Crece la teleasistencia en 280 personas y baja también la atención residencial y la ayuda a domicilio. Lógicos efectos de la situación de aislamiento en el hogar. Sin embargo, mantiene su constante línea de crecimiento, desde 2012, la ayuda vinculada para contratar un servicio y especialmente, entre estos meses de marzo y abril, con 512 casos nuevos.

Destaca a este respecto Jorge Félix Alonso, de la Plataforma Social de Valladolid, que «sorprende que habiéndose mantenido o incluso disminuido el número de beneficiarios con prestaciones, haya habido un incremento en la ayuda vinculada». Expone que estos datos confirman «un importante crecimiento de esta prestación económica a la vez que se produce una reducción de los beneficiarios con servicios públicos como residencias, centro de día y ayuda a domicilio, es decir, que se protege la contratación de lo privado».

«En la asistencia residencial pública hay menos personas con esta prestación que cuando comenzaron los recortes en 2012, por lo que se consolida la tendencia a reducir el sector público y el de promoción y prevención, que se destina fundamentalmente a las terapias y fisioterapias de los menores con problemas de movilidad, evidencia que no están recibiendo tal aportación».

Destaca asimismo este portavoz de la plataforma social que «la conclusión es que la Junta sigue apostando por los servicios privados en detrimento de los públicos y sin ejercer el control necesario sobre los mismos. Los problemas que genera la apuesta por la prestación económica vinculada son la falta de control sobre los centros privados y lo insignificante de las cuantías económicas que concede, por lo que el coste al final recae en las familias».

Castilla y León atiende en la actualidad a 104.825 personas dependientes que acumulan un total de 140.298 prestaciones y están en el sistema el 99,51% de las personas que tienen reconocido su grado. Esto supone que, mientras en el conjunto del país tiene una lista de espera del 12,03%, en Castilla y León, hasta el acúmulo provocado por la suspensión de la tramitación al cerrarse el registro, es prácticamente inexistente. El número de personas que están recibiendo prestaciones en relación con la población está por encima de la media nacional: el 4,37%, frente al 2,37% nacional.