Los pactos firmados con Herrera servirán de base a la relación de Mañueco y Tudanca

En materia de financiación autonómica, defensa de la Política Agraria Común, Plan de Reindustrialización e incluso en la extensión del nuevo modelo de ordenación territorial al medio rural, esos pactos servirán de base a la relación del Gobierno autonómico y el PSOE. Más concretamente a la del presidente de la Junta, el popular Alfonso Fernández Mañueco, y Luis Tudanca, cabeza de la oposición «y del grupo mayoritario en las Cortes al ser el partido más votado en las elecciones de mayo», según expresó él mismo al término del encuentro que ha mantenido en la sede del Gobierno autonómico con Fernández Mañueco.

Tudanca en persona y el consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, en representación del máximo responsable de la Junta, explicaron que ambas partes dan por asentados los contenidos de esos pactos de comunidad rubricados por Herrera y Tudanca la legislatura pasada. También por dirigentes de otras formaciones que estaban en la oposición.

«No somos en absoluto sospechosos de no defender los intereses de la comunidad. Mantenemos cada punto, cada coma, cada letra de lo firmado entre la Junta de Castilla y León y los demás partidos en defensa de una mejor financiación autonómica para Castilla y León», aseguró el dirigente socialista, que indicó la necesidad de hacer «frente común dentro y frente común fuera», con territorios que comparten criterios de reparto de fondos con Castilla y León, para negociar en Madrid. «Llegaremos más lejos juntos que utilizando las instituciones para hacer oposición», deslizó Tudanca, que afeó al PP «usar» el acuerdo sobre financiación para hacer oposición a Pedro Sánchez desde las Cortes.

«Sería deseable volver a lo que siempre fue, el respeto a la palabra dada y a los consensos institucionales», añadió el socialista, que calificó el encuentro de cordial, aunque reconoció que de esa primera reunión con Fernández Mañueco salió con «nada nuevo» en contenidos, proyectos y propuestas.

Ángel Ibáñez coincidió en resaltar el buen ánimo personal en el que se desarrolló un encuentro con el que Fernández Mañueco inicia la ronda de contactos con los responsables de los partidos con escaños en las Cortes y que extenderá a alcaldes y presidentes de diputaciones de las nueve provincias.

El consejero de la Presidencia consideró «totalmente vigentes» los acuerdos firmados en la etapa de Juan Vicente Herrera, dando «por afianzados» los contenidos de los mismos y expresó el convencimiento de la Junta de que la línea a seguir debe basarse en sabe «discernir» entre los intereses de Castilla y León y las «posiciones partidistas».

Sobre el conflicto que mantienen la Junta y los empleados públicos de su plantilla a cuenta de la aplicación del acuerdo para retornar a la jornada semanal de 35 horas, Tudanca aseguró que el PSOE será «inflexible» para que PP y Cs «cumplan la palabra dada de forma inmediata». El Gobierno del PP firmó en la campaña electoral de mayo, a cinco días de las votaciones, su extensión tras el verano. El consejero de la Presidencia insistió en que es «un compromiso inequívoco», pero complejo y «difícil» de aplicar de forma inmediata, que deben tener en cuenta que la aplicación debe ser para todos los departamentos de la plantilla, sostenible en el tiempo y que no implique recortes para los ciudadanos.

En materia de ordenación del territorio, el dirigente socialista fijó las exigencias del PSOE sobre el nuevo mapa rural. Luis Tudanca mantiene que el mapa debe ser el de todos los servicios públicos, blindando estas prestaciones con recuperación de recortes como las urgencias médicas y garantía de transporte público. Ibáñez reiteró que la posición de la Junta esta legislatura es la «no fusión de municipios».

Un punto de coincidencia fue el debate sobre la capitalidad de la comunidad abierto en el Ayuntamiento de Valladolid y extendido al Consistorio de León. «No me voy a mover ni un milímetro de lo importante y eso no lo es», respondió Tudanca. «La naturaleza de los partidos es debatir, pero los grupos de las Cortes han dejado clara su posición, por lo que aventuro a ese asunto un recorrido bastante corto», remarcó Ángel Ibáñez.

El consejero de la Presidencia avanzó que la Junta no tiene noticias del pago de los 440 millones que reclama al Gobierno de la nación y, al ser preguntado sobre si Castilla y León podrá cumplir el objetivo de déficit, dio un rodeo pero fue claro: «Estamos bastante alejados de esa posibilidad». Cerrar con déficit supone pasarse de gasto y tener que ajustar en 2020 partidas de ese ejercicio para pagar esas facturas atrasadas de 2019.