El pacto tropieza en las Cortes de Castilla y León con la eliminación de controles a empresas

El recuento de apoyos plasmó el primer tropiezo de los firmantes del pacto autonómico para la recuperación de Castilla y León. La semilla de la discordia fue la eliminación de la evaluación ambiental previa para un centenar de actividades productivas, requisito que se sustituye por una comunicación del promotor de que el proyecto cumple las exigencias legales. Esta simplificación conlleva también la dificultad de consulta para colindantes de esas instalaciones o vecinos que se consideren perjudicados.

«No de desregulariza, implica más trabajo para la Administración y menos para las empresas», defendió Francisco Igea. Los argumentos contrarios de la oposición llevaron al vicepresidente a tildar al actitud del PSOE de «conservadurismo carpetovetónico» por no entender que desterrar licencias previas y optar por la «comunicación responsables» es tratar como «adultos» a los promotores de iniciativas que van «a favorecer, en mucho, el emprendimiento rural».

El vicepresidente precisó que el decreto atiende el punto 34 del acuerdo firmado por PP, Cs, PSOE, Podemos y Por Ávila el 17 de junio. Fue aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta al día siguiente. No opinó así el procurado socialista Luis Briones. «Nos han tenido al margen. Hay otra forma de hacer las cosas», censuró. Sobre el contenido, Briones consideró que van a faltar informes determinantes sobre la repercusión ambiental o social de actividades molestas, aplicando la práctica de los hechos consumados. «Si no hay control a priori, no hay nada, ¿Quién va a controlar?», inquirió el procurador del PSOE, especialmente crítico con la aplicación de esta flexibilización a instalaciones ganaderas: «¿Qué turismo vamos a tener, el de la ruta de las macrogranjas porcinas que se van a deslocalizar en Cataluña para venir a Castilla y León? Todo está permitido con una mera comunicación». El consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones aseguró que el decreto solo afecta a pequeñas granjas.

UPL consideró que se abre «una puerta de atrás peligrosa»; Podemos, que el decreto supone una involución normativa a 1961, «a la España del NODO y 'Los Santos Inocentes'; y el PP, que la oposición abrazaba tesis del «ecologismo radical». No hubo acuerdo.