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S. Escribano
Jueves, 12 de julio 2018, 14:10
Elevación progresiva del IRPF para las rentas más altas, recorte del mínimo exento del Impuesto de Patrimonio y del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, con mayor progresividad para que tributen más los contribuyentes con mayor patrimonio o herencia, incremento del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales ... y Actos Jurídicos Documentados por la adquisición de «bienes suntuarios» y eliminación de las bonificaciones de la Tasa sobre el Juego, entre otras, son medidas incluidas en el pacto para reformar el sistema fiscal de Castilla y León que firmaron ayer los secretarios autonómicos de los dos sindicatos de clase, UGT y CC OO, y los de las tres fuerzas de izquierda con escaños en las Cortes: PSOE, Podemos de IU.
La propuesta ha partido de los líderes sindicales, Vicente Andrés y Faustino Temprano, y ha sido respaldada por Luis Tudanca, Pablo Fernández y José Sarrión. Desde CC OO y UGT se invitó también al PP y a Cs, que no se han sumado al acuerdo. «Coincidían en el diagnóstico del problema, de la caída de la recaudación y de la necesidad de más recursos, pero no en la forma de resolverlo», ha asegurado Vicente Andrés sobre los populares y la formación naranja.
Los firmantes han explicado que su propuesta combate el «populismo fiscal» practicado, a su juicio, por los gobiernos del PP con el apoyo de Cs que plantea rebajas de impuesto con «migajas para las rentas más bajas y regalos multimillonarios para las clases altas y las grandes corporaciones. Bajar impuestos beneficia siempre a los más ricos, pagar impuestos en un sistema progresivo y justo beneficia a todos».
Tanto Tudanca como Pablo Fernández y José Sarrión se han mostrado convencidos de que el pacto sobre fiscalidad va a ser una realidad en un año, tras las elecciones autonómicas de mayo de 2019.
El pacto plasma las propuestas fiscales que los partidos de la oposición y los sindicatos plantean a la Junta cada año, con motivo de los presupuestos autonómicos. A las medidas indicada líneas arriba se suma la exploración de nuevos tributos ambientales basado en la premisa de 'quien contamina, paga' que podrían aplicarse sobre emisiones de gases, contaminación de aguas o antenas de telefonía.
Los firmantes consideran imprescindible redoblar la lucha contra el fraude fiscal y se comprometen a duplicar los efectivos de la inspección tributaria en nómina de la Junta, además de exigir a la Agencia Tributaria el uso de sus bases informáticas.
«Para tener unos servicios públicos de calidad hacen falta recursos y hay que actuar ya, no podemos espera a que la solución nos la den otros», han afirmado, en referencia que la reforma de la Financiación Autonómica puede demorarse. «No es justo reivindicar a lo demás que nos den y que hagamos regalos fiscales a los que más tienen», han apuntado, tras señalar que Castilla y León es la autonomía en la que menos tributan al IRPF las rentas más altas.
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