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El Gobierno no ha logrado paralizar la celebración del torneo del Toro de la Vega, del que pedía la suspensión cautelar ante la Fiscalía por un posible delito de maltrato animal, pero sí lo ha conseguido Pacma. La asociación animalista había solicitado la suspensión cautelar ... de la orden de la Consejería de Medio Ambiente que daba el visto bueno a «las bases del espectáculo». Consideraba Pacma que las bases, que permiten colocar divisas con un pequeño arpón en el toro, contravenían el decreto de 2016 que prohibe la muerte del toro en público.
Para Pacma, el torneo y sus nuevas bases no respetan la nueva ley de 2021 que establece que «los animales son seres vivos dotados de sensibilidad» y tampoco la normativa autonómica actual. «La nueva base reguladora, al admitir el uso de hasta siete divisas, instrumentos cortantes y punzantes que se clavarán en los músculos del toro, evidencia la existencia de maltrato», alegaba Pacma en su recurso. Aduce, además, que no puede considerarse espectáculo taurino tradicional «porque carece de la continuidad histórica exigida legalmente para ello».
La Junta replicó, entre otros argumentos, que no se iba a producir la muerte del toro por esa limitación de las divisas. El Ayuntamiento aseguró que se había adaptado la ordenanza del torneo a la normativa autonómica. «Se da un trato digno y respetuoso al toro y el torneo está exento de crueldad, ya que el alfiler que se le podría colocar al toro no exederá como máximo de 3 centímetros», señalaron.
«No cabe duda de que el ser perseguido por 50 lanceros, con lanzas de 2,80 metros de longitud, que tienen un punzón o un doble arpón de 80 milímetros, de los que 30 milímetros son elementos punzantes, comporta un sufrimiento y maltrato al toro que, según la parte recurrente, puede incluso causarle la muerte», explica el auto judicial.
Con esta y otras premisas, el auto acuerda «acceder a la medida cautelar» y «suspender la ejecutividad de la orden» que declaraba que las bases del torneo se adecuaban a la norma autonómica. La Junta puede recurrir la decisión en un plazo de cinco días, aunque el torneo se celebra el martes, 13. Podría celebrarse, de hecho, en las condiciones de años anteriores en las que no se producía la muerte del toro (desde 2016).
Mientras tanto, la Fiscalía ha decidido archivar la denuncia presentada por el Gobierno en la que el Ministerio de Servicios Sociales pedía suspener cautelarmente el torneo al «no existir indicio de la comisión de delito alguno».
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