El TSJ ordena corregir de nuevo el examen de una oposición de Castilla y León con 97 plazas ya adjudicadas

El fallo resucita un proceso selectivo que vivió numerosos tropiezos. Primero con las preguntas de reserva del examen teórico al que se presentaron 8.373 aspirantes y también por unas instrucciones de corrección que no encajaban en las bases de la convocatoria, lo que obligó a suspender durante unos meses esa oposición para resolver reclamaciones y quejas.

La prueba práctica, que tuvo lugar en junio de 2017, tampoco se libró de la polémica y no solo por lo que enjuicia ahora el TSJ. Hubo quejas de participantes porque había distintas actualizaciones de los programas informáticos. El examen se corrigió y la lista definitiva de aprobados y la oferta de plazas a las que podían optar se publicó en el Bocyl del 12 de febrero de 2018, resolución anulada ahora. Tras ese paso, se conformó antes la bolsa de empleo con los no aprobados para cubrir interinidades, que la adjudicación de plazas a los que habían superado el proceso. Esta no se produjo hasta junio de 2018.

Ahora, los tres magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo estiman el recurso de un aspirante que se sintió perjudicado por las instrucciones que estableció el tribunal calificador del proceso imponiendo unos mínimos parciales para puntuar el segundo ejercicio, que consistía en el manejo de un procesador de textos Word, una hoja de cálculo Excel y una transcripción con corrección ortográfica.

Considera la sentencia que el tribunal calificador se extralimitó «incorporando un plus de exigencia que no estaba en la convocatoria, cuando, además la base es clara y no necesita interpretación» por lo que concluye que «vulneró» esas bases que rigen el proceso.

El fallo anula todas las resoluciones posteriores, desde el listado de los aspirantes que han superado la oposición, al de la bolsa de empleo y la adjudicación de plazas que da origen a la condición de funcionarios de l0s 97 opositores que superaron el proceso. Los jueces ordenan a la Junta retrotraer «las actuaciones en el proceso selectivo al momento de calificación del segundo ejercicio, procediendo a puntuar nuevamente el mismo aplicando las bases de la convocatoria según la literalidad de las mismas». La magistrada ponente recoge en el fallo que el Supremo se pronunció en la misma línea argumental que articula la sentencia en un recurso de casación que la Junta presentó por un caso similar.

El tribunal impone, además, las costas del proceso a la Junta y a una aspirante que obtuvo plaza y que es codemandada junto a la Administración autonómica.

La sentencia es del 23 de diciembre y ha sido notificada a la Consejería de la Presidencia a última hora del viernes 27. Este periódico está a la espera de que los responsables de este departamento que gestiona la política de personal y recursos humanos de la Junta valoren las consecuencias prácticas de la ejecución del fallo del TSJ.