La oposición respalda a la Junta para blindar la caza tras ser anulada por el TSJ

El auto emitido por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que obliga a suspender cautelarmente el decreto de conservación de especies cinegéticas y, con ello, la actividad de caza, ha forzado a buscar soluciones rápidas y si todo sigue su curso, esta Proposición de Ley se debería aprobar en el pleno fijado para los días 12 y 13 marzo utilizando la fórmula de lectura única.

El consejero de Fomento, Juan Carlos Suárez -Quiñones, confirmó que desde el Gobierno regional están realizando «consultas políticas con los partidos para adoptar una decisión adecuada y rápida para los intereses de Castilla y León». Dejó claro, igualmente, que el auto del TSJ se puede recurrir pero «es ejecutivo y los recursos no paralizan su ejecución». Dicho de otro modo: esta medida cautelar «va a permanecer durante mucho tiempo mientras se enjuicia el fondo del asunto» y el efecto inmediato será la suspensión de la actividad cinegética «durante bastante tiempo».

En el borrador de la proposición se introducen modificaciones en determinados artículos que se entiende, salvarían al menos la temporada de caza pues las fuentes consultadas no se atreven a afirmar si sería una solución definitiva. Entre otros apartados aparece un anexo en el que se enumeran como especies cinegéticas 25 aves de caza menor, cinco mamíferos de caza menor y ocho mamíferos de mayor.

El presidente del Partido Popular, Alfonso Fernández Mañueco, expresó su «compromiso personal y del PP de Castilla y León con la caza, imprescindible en nuestra comunidad autónoma», al tiempo que añadió que mantiene conversaciones con el consejero para «tomar las decisiones más ágiles y rápidas para blindar la caza»

El secretario regional de los socialistas, Luis Tudanca, confirmó que van a estar «en la solución» de este «gravísimo problema» para que este sector pueda «volver a ponerse en marcha».

En el caso de Ciudadanos, David Castaño, se mostró muy crítico con la Junta pero aún así, su respuesta fue un «sí» rotundo al apoyo de la iniciativa parlamentaria, «desde las Cortes estamos dispuestos a resolver la ineficacia de la Junta».

Por parte de Podemos, su portavoz de Medio Rural, Félix Díez, lamentó que el PP quiera arreglar la situación «tarde, mal y corriendo porque lo que quieren es salvar in extremis la temporada». Sobre si apoyarán el acuerdo político, «vamos a estudiarlo y no queremos precipitarnos pero somos favorables a alcanzar una solución para que no afecte a la temporada».

Desde la parte agraria, tampoco se han hecho esperar las reacciones y el propio consejero informó al sector sobre la situación en una reunión celebrada en Valladolid.

Donaciano Dujo, presidente de Asaja en Castilla y León mostró su enfado y reclamó «una ley que no pueda ser interpretada ni suspendida». En su opinión, «no existe un peligro para las especies sino un peligro de superpoblación».

Sobre esa cuestión el propio Suárez-Quiñones informó que la prohibición de cazar «conlleva la superpoblación de la fauna salvaje, que pone en peligro no solo una actividad cultural, tradicional, económica, de empleo y fijación de la población, sino la seguridad en las vías de circulación y la sanidad de la cabaña ganadera».

El coordinador de la Alianza UPA-COAG, Aurelio González, aseguró que el consejero «nos ha dicho que en 24 horas habrá una propuesta para alcanzar una solución política de todos los grupos». «Espero que todos apuesten por una solución porque se han sobrepasado los límites, esto supone la expulsión de la gente de los pueblos y por eso cualquier grupo va a tener que apostar si verdaderamente representa a la sociedad de Castilla y León».

Según los datos que maneja la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, los daños causados por los animales a la agricultura se calculan en unos 12 millones de euros anuales. La actividad cinegética afecta al 90% del territorio y 1.800 entidades locales son titulares de cotos, de los que obtienen una buena parte de sus ingresos. El impacto económico de la caza está por encima de los 500 millones de euros.