Del Olmo ordena una investigación para saber cómo se perdió el informe enviado ahora a Fiscalía

El informe entró oficialmente en el ICE mediante un registro informático y consta el «recibido». Lo que ocurrió a partir de ahí es lo que debe esclarecer la investigación interna: si hubo un error en el sistema, una negligencia de alguno de los empleados públicos responsables de la cadena de custodia de ese documento o una intencionalidad para que el mismo no llegara al director del instituto, José María Ribot. La consejera de Hacienda relató que no es hasta que lo pide el jueves, tras tener noticia de una denuncia pública sobre el mismo de los procuradores del PSOE José Francisco Martín y Pedro González, cuando ese informe aparece y lo que en él concluyen los inspectores de la Junta lleva a Pilar del Olmo a pedir oficialmente a la Fiscalía que abra una investigación.

«El informe I/11/2018, de 24 de agosto de la Inspección General de Servicios concluye, en relación con el expediente de contratación A2017/001736 del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla yLeón, que existen actuaciones que pudieran ser constitutivas de delito o falta penal, por lo que procede que las anomalías detectadas se pongan en conocimiento del Ministerio Fiscal», recoge textualmente el escrito firmado por Pilar del Olmo este jueves y registrado en el Juzgado de Instrucción número 3 de Valladolid, el de guardia esta semana.

La licitación de una nave en el Parque de Proveedores de Renault, de la que la mesa de contratación decide excluir a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Padecasa Obras y Servicios y Vías y Construcciones ha dado lugar a dos itinerarios de investigación. El que se acaba de encargar abrir a la Fiscalía, al considerar el órgano de contratación, primero, y la Inspección General de Servicios, después, que pudieron haber accedido a un pliego de licitación antes de su publicación en el Bocyl, y el ordenado por Pilar del Olmo para dirimir lo ocurrido en elRegistro del ICE.

Desde la Consejería de Economía yHacienda apuntan que estas últimas pesquisas concluirán en pocos días. La vía que afecta a la filtración es más complicada. Al margen de las decisiones que tome el Ministerio Fiscal, fuentes del departamento que dirige Pilar del Olmo explican que será «muy difícil» poner nombre al autor o autora de esa filtración en el caso de que se probara que existió. La razón es que resulta casi imposible seguir el rastro fiable de las entradas en la Plataforma de Contratación Duero que utilizan los empleados públicos.

Las decisiones que Pilar del Olmo ha tomado desde la tarde del jueves en relación con la licitación de ese edificio industrial tienen como espoleta la denuncia del PSOE del asunto, con la crítica a las dificultades de acceso al informe de la Inspección General y el anuncio de que van a dar traslado de la información que han recopilado desde el verano a la Fiscalía.

José Francisco Martín aseguró ayer que no se cree «que no le pasaran en su día el informe a José María Ribot, que lo guardaría en el cajón desde el minuto cero, puesto que a ningún funcionario se le ocurría escamotear un documento que ha entrado por Registro». Pilar del Olmo ha negado tajantemente este argumento. Ribot es el encargado de la investigación interna ordenada por la consejera.

Los socialistas aportaron documentación que sustenta las dos negativas de la Consejería de la Presidencia, de la que depende la Inspección General de Servicios, a facilitarles el acceso a ese documento. «No procede el envío de la documentación solicitada dado su carácter reservado», firma, en respuesta oficial a las Cortes, el vicepresidente y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez. La respuesta llegó casi tres meses después de la solicitud, tramitada el 13 de julio.

Los procuradores de la oposición pidieron amparo a la Mesa de las Cortes el 16 de octubre y la Junta se ve instada desde la Cámara que preside Silvia Clemente a facilitar la consulta en la sede de Presidencia, que se fija para el 15 de noviembre. El letrado mayor transmite esa cita a los parlamentarios del PSOE. «Acudimos tres procuradores y una funcionaria que no se identifica nos dice que no podemos consultar el expediente porque lo han enviado al ICE y no se han quedado copia», relata Martín, que censura que, a fecha de hoy, aún no hayan podido leer lo que resuelve la Inspección.