Del Olmo justifica «el mal menor del cupo vasco» por «el bien común» de aprobar los PGE

Del Olmo ha puntualizado que «lo que se va a dar para financiar al País Vasco se detrae de los ingresos que, por recaudación, tenemos en toda España de los recursos de las otras comunidades. Son menos recursos para el resto y eso nos afecta. Igual ocurre con los ajustes del IVA, que salen también de los impuestos que tenemos cedidos». El Congreso de la ha aprobado la modificación del concierto económico vasco y la nueva metodología de señalamiento del cupo para el quinquenio 2017-2021, de 1.300 millones de euros.

Una reunión, la del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que no cree la consejera que vaya a producirse antes de las elecciones catalanas del 21 de diciembre, ha indicado Del Olmo este jueves en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

El comité técnico para avanzar en la reforma del sistema de financiación autonómica se reunió el pasado 2 de noviembre y se dio un plazo a las comunidades autónomas para que elaboraran un informe en el que precisaran sus puntualizaciones al documento elaborado por la comisión de expertos y sobre el actual modelo de financiación.

Castilla y León remitirá mañana ese informe al Ministerio y a los grupos parlamentarios, un informe 'consensuado' con otras siete comunidades autónomas. En el documento se ratifica en la postura de la Junta: que todas las comunidades tienen que participar para evitar negociaciones bilaterales, que tiene que garantizar la sostenibilidad en el tiempo del Estado de Bienestar, corregir el desequilibrio entre los recursos tributarios que percibe el Estado y las comunidades autónomas, que son quienes prestan los servicios básicos y que la reforma sea suficiente porque, en el modelo actual, las entregas a cuenta no llegan a cubrir todo el coste que supone cubrir la sanidad, la educación y la asistencia social.

El punto más importante, ha subrayado la consejera, «es que tenemos que tener los recursos suficientes para ejercer todas las competencias», para lo que considera imprescindible modificar el cálculo de la población ajustada y que no solo se compute la población, sino que se tenga en cuenta la distancia que tienen que recorrer los usuarios a los servicios (por ejemplo, traslados sanitarios) y otras variables. Lo que no aceptará la Junta es que se suprima el actual status quo, es decir, que con la reforma del sistema, la comunidad pierda dinero. «Si percibimos 6.000 millones, por ejemplo, no pasar a percibir nunca menos de esa cantidad», explicó Del Olmo.