Del Olmo envía al fiscal la licitación de un contrato tras la denuncia del PSOE

La licitación depende de Instituto de Competitividad Empresarial (ICE, antigua ADE) que pertenece a la consejería de Pilar del Olmo, el contrato parte de un presupuesto de más de 17 millones de euros y las dos firmas afectadas por la decisión fueron Padecasa Obras y Servicios y Vías y Construcciones. La contratación siguió su camino y la obra se adjudicó en octubre a Fomento de Construcciones y Contratas por 14,48 millones de euros. Ese desenlace no está en cuestión.

«¿Por qué no lo mandaron a la Fiscalía si lo que había era un indicio de un delito?», se preguntaban los dos parlamentarios del PSOE, tras facilitar el acta de la reunión del órgano de contratación en la que se apartó a estas constructoras. «La mesa considera que existen indicios suficientes para entender vulnerados por uno de los licitadores los principios de igualdad de trato y transparencia al haber accedido a documentación, concretamente al pliego de cláusulas administrativas particulares, con carácter previo a su publicación, situándose por ello en una situación de ventaja», recoge el documento.

Ante esos hechos, Martín defiende que el camino a seguir desde el primer momento era la Fiscalía, porque es necesario esclarecer «qué empleado público adelantó ese pliego que luego cambiaron y resultó erróneo. Al que lo filtró le hicieron desde dentro del ICE la jugada del nueve». Y es que fue ese 'error' lo que hizo aflorar los hechos, que se detectan el 18 de junio, cuando la secretaria de la mesa de contratación llama a un representante de esa unión temporal de empresas (UTE) para subsanar errores y esta última persona insiste por teléfono y correo electrónico en que han enviado la información correcta «conforme al pliego del 21 de febrero». Esa fecha enciende la luz de alerta, puesto que la documentación de la licitación no fue de acceso público hasta el 8 de marzo, cuando se publicó en el Bocyl.

Tras valorar la situación, la mesa decide excluir a estas empresas e informar a la Inspección General de Servicios. Aquí se abre un capítulo con entidad propia, porque ese órgano de control envió el 29 de agosto la resolución al director de ICE, José María Ribot, entró el día 30 en el Registro de ese organismo y desde entonces hasta ayer, que lo reclamó la consejera, es una incógnita dónde recaló el informe. «Hubo un error administrativo, vamos a considerarlo así, pero no llegó nunca al director», manifestó Pilar del Olmo, que reconoció que «vista la denuncia que había realizado el Partido Socialista, hemos investigado qué había ocurrido con el informe de la Inspección de Servicios».

Este órgano hace suyo el argumento reflejado por la mesa de contratación sobre los indicios de que se adelantó el pliego con las condiciones del contrato. Los procuradores del PSOE llevan cuatro meses tras ese informe. Fueron a la consejería de la Presidencia a consultarlo en persona y les remitieron al ICE. Se lo solicitaron a Pilar del Olmo, oficialmente, a través de las Cortes, y la consejera les informó el 10 de octubre de que estaba «a la espera de la resolución». Martín y González avanzaron ayer su intención de a pedir amparo a la presidenta de las Cortes, Silvia Clemente, para que la Junta los remitiera con urgencia.

De los cinco miembros del órgano de contratación del ICE, cuatro votaron a favor y uno se opuso a la exclusión de la UTE liderada por Padecasa y emitió un voto particular. Es el vocal técnico, David Martín, que fue alcalde del PP en Valbuena de Duero (Valladolid), condición que destacaron los dos procuradores del PSOE, así como las «habituales» visitas en campaña electoral que Pablo Casado, presidente del PP y diputado por Ávila, realiza a la constructora Padecasa.

David Martín, el vocal que se opuso a la exclusión, explicó que votó en contra porque no había documento alguno que avalara que esas empresas habían tenido información privilegiada, «más allá de referencias a conversaciones telefónicas», y lamentó que se vincule su actividad de siete meses en elICE (dejó el empleo en julio «por motivos personales») a su pasado como alcalde. Los responsables de la constructora Padecasa Obras y Servicios, con razón social en Ávila y sede operativa en Madrid, no han respondido a las llamadas de este periódico, que a su vez no ha podido contactar con Vías y Construcciones.