Los tiempos de la austeridad han pasado a la historia. Las administraciones públicas comienzan a desempolvar proyectos guardados durante años en el cajón y asumen nuevos compromisos, que se traducen en unas previsiones de licitación de 1.400 millones de euros en Castilla y León ... para este año, el ejercicio previo a las elecciones municipales y autonómicas, que se celebrarán en poco más de 12 meses.
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En conjunto, los presupuestos y borradores de las administraciones central, autonómica y local elevan un nueve por ciento el volumen de inversión que sacarán a concurso en 2018. El aumento se quedará, previsiblemente, unos 200 millones por debajo de la cifra prevista para 2017, que fue de 1.282 millones, según los cálculos facilitados a Ical de la Cámara de Contratistas de Castilla y León.
En ese sentido, este ejercicio será similar a 2016, cuando las administraciones consignaron 1.384 millones, si bien terminaron licitando 692 y adjudicando, 461. Aquel año no alcanzó la cantidad de 2015, cuando la previsión se situó en los 1.585 millones y la inversión que se convocó en los 788 millones, coincidiendo con las elecciones autonómicas, locales y generales.
2018, previo a las citas con las urnas, podría repetir el comportamiento de 2014. Hace cuatro años, las tres administraciones anunciaron al sector de la construcción un total de 2.013 millones para obra pública, si bien licitaron casi la mitad, 1.045 millones. Ahora, las instituciones se rascan el bolsillo con un nueve por ciento más de recursos públicos para actuaciones en materia de infraestructuras, si bien serán más modestas que entonces.
Si se echa la vista atrás, destaca el ejercicio de 2011 puesto que aquel año se elevó la inversión pública hasta los 2.229 millones, ligeramente por debajo de los 2.617 millones previstos en los presupuestos. Precisamente, la Cámara de Contratistas entiende que los 2.000 millones sería un volumen de obra razonable para la mantener las estructuras productivas de las empresas de la construcción.
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El sector todavía recuerda el ejercicio de 2009, cuando se licitaron 4.567 millones, ya con la crisis económica en marcha. El periodo más negro para los contratistas llegó en el pasado este mandato puesto que en 2012 la inversión pública quedó congelada en los 557 millones y en 2013, en 650. En 2014 aumentó hasta los 1.045 millones, para volver a caer en 2015, hasta los 788 y en 2016, hasta los 692, una cifra que alcanzó los 730 millones el pasado año.
Asimismo, la administración autonómica tendrá el mayor volumen de inversión prevista, con cerca del 40 por ciento, mientras la central no llegará a igualarla por segundo año consecutivo y aportará ente el 37 y 39 por ciento. Las instituciones locales superarán el 20 por ciento de la obra licitada, en lo que influirá la autorización del Ministerio de Hacienda y Función Pública sobre las inversiones sostenibles, que se financian con el superávit.
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En cuanto a la distribución provincial, destacarán este año inversiones importantes en la provincia de León, Salamanca y Burgos que supondrán más del 50 por ciento de la inversión. Palencia acaparará el 12 por ciento; Valladolid, el once; Zamora, el siete, y Ávila, Segovia y Soria -seis-.
Finalmente, la administración central tiene la mayor previsión en las provincias de León, Palencia y Salamanca, con obras del Ministerio de Fomento en carreteras y ferrocarriles. Por su parte, la Junta dirigirá sus actuaciones hacia las provincias de León, Salamanca y Burgos con obras hidráulicas de la Consejería Agricultura y Ganadería y de Fomento y Medio Ambiente, en conservación de carreteras.
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