Las nuevas prestaciones de Dependencia bajan en 12.300 en Castilla y León

La comunidad ha bajado su nota del sobresaliente de 9,3 de los últimos tres años –incluso llegó al 10 en 2014– al 8,9 en un país en el que diez comunidades suspenden y es Cataluña, con un 1,4 de nota, la comunidad que más se ha estrellado. Aún así, este nuevo dictamen concluye que, en Castilla y León, la pandemia ha provocado «la práctica paralización del sistema de la Dependencia» en la región. Como puntos fuertes el que, pese a este descenso, el empleo no ha caído, incluso ha aumentado un 1% hasta alcanzar los 32.873 puestos de trabajo, situando su tasa de generación de trabajo en 53 puestos por millón de euros.

Castilla y León logra buenos resultados en comparación con el resto de España, no solo porque arrastra años de un buen nivel, sino porque sigue potenciando la ayuda vinculada al servicio por delante de la mayoría de las prestaciones. Es decir, dar dinero a las familias para que contraten un centro de día, una residencia u otra prestación. Algo, no obstante, criticado desde diversos sectores, en particular desde la Plataforma Social, al estimar que favorece a las empresas privadas –que son las que prestan estos servicios– en detrimento del desarrollo de una red asistencial pública.

Los efectos de la pandemia han frenado el esta atención en Castilla y León concretamente en parámetros como las valoraciones (-1,71%), personas con derecho (-0,62%) o solicitudes registradas (-3,60%). No obstante, ha conseguido reponer el número de personas atendidas (+0,78%) ligeramente por debajo de la media nacional (+0.81).

El número de beneficiarios a la espera de recibir una prestación, lo que este Observatorio llama en el 'limbo', se reduce prácticamente a cero (0,11 desatendidos por cien personas con derecho). Pero esto «se ha debido más al descenso de personas con derecho a ayudas (-0,62) como consecuencia de los fallecimientos por covid entre los solicitantes que por el incremento del número de atenciones realizadas (0,78%), recoge el balance.

Castilla y León alcanza un saldo positivo de 1.634 nuevas prestaciones; pero algunos servicios como los residenciales y la ayuda a domicilio tienen tasas de reposición negativas, solamente compensadas con las 2.674 de las citadas ayudas vinculadas a una contratación de servicios, con lo que «sigue una tendencia de crecimiento ininterrumpida, elevándose ya a un peso del 31,1% en su cartera de servicios; lo que llega a triplicar la media nacional en esta prestación».

De todas formas, es un resultado muy pobre. En años anteriores, la comunidad concedía las citadas nuevas 14.000 prestaciones anuales y en el pasado ejercicio se quedó en 8,5 veces menos (1.634), lo que da idea de «las dificultades de gestión durante esta terrible pandemia, si bien es cierto que representan el 10% de las incrementadas en el conjunto de España».

Entre marzo y diciembre de 2020, fallecieron en Castilla y León 18.225 personas con solicitud de dependencia, un 48,2% más de lo esperado. Una vez excluidas las 1.393 personas que no acreditaban situación de dependencia, la cifra alcanza las 16.832 personas fallecidas, entre personas con derecho y pendientes de resolución de grado.

De ellas, el 91,7% estaban siendo atendidas y el 8,3% restante formaban parte de la lista de espera, concretamente el 7,9% (1.331) estaban a la de resolución de grado y el 0,3% (58) tenían ya el derecho reconocido, pero estaban esperando resolución de prestación. En definitiva, entre marzo y diciembre, en Castilla y León murieron 1.389 personas en lista de espera, sin ser atendidas. «Esto ha contribuido levemente a la reducción de la lista de espera; tanto es así que de las 1.076 personas que han abandonado la lista de resolución de prestación, el 5,39%, lo han hecho como consecuencia del fallecimiento de la persona y no por la gestión de la comunidad», recoge esta evaluación.

En general, la tasa de mortalidad ha sido superior a lo esperado. Sin embargo, «el exceso de fallecimientos es notablemente superior entre las personas atendidas en residencias que entre aquellas que son asistidas en sus domicilios». En dicho periodo, se ha reducido la atención en residencias en 755 personas, en 448 personas la de los centros de día, en 902 las de ayuda a domicilio y en el servicio de promoción de la autonomía, en 1.046 beneficiarios, en cambio, se ha incrementado la atención con las prestaciones económicas, la vinculada al servicio ha crecido 2.454 personas, la de cuidados en el entorno familiar en 983 y la de asistencia personal en 135.

El promedio de gasto por dependiente en la región se sitúa en 5.207,9 euros anuales, en una tendencia estable que se prolonga ya sobre la serie de los últimos cinco años, con un diferencial del 20% inferior a la media en inversión social empleada por el resto de autonomías. «Esa diferencia se explica por la elevada proporción de beneficiarios de grado 1, a los que esta comunidad atiende casi en su totalidad frente al 71% de la media nacional», destaca el informe.

En cambio, el promedio y gasto público por habitante se eleva hasta los 220,3 euros un 31% superior al promedio de media nacional, como consecuencia, fundamentalmente, del alto nivel de atención que la comunidad presta a sus dependientes de 43,8 planes individuales de atención por cada mil habitantes, el mejor de todo el país.

Después de Castilla y León (8,9), Andalucía, (7,1) Castilla-La Mancha (7,1)y Galicia (6,8) son las mejor puntuadas. Mientras, Aragón (3,2), Ceuta y Melilla (2,6), Canarias (2,1) y Cataluña (1,4), retroceden hasta las últimas posiciones.