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A. B. / J. M. C.
Viernes, 16 de marzo 2018, 08:22
La pensión más frecuente en Castilla y León está entre 600 y 650 euros al mes y la perciben 132.583 personas, uno de cada cinco jubilados. De las 610.015 prestaciones contributivas que abonó la Seguridad Social en la comunidad el pasado mes de ... febrero, el 52,6% fueron inferiores al salario mínimo interprofesional, fijado para este año en 735,89 euros al mes.
Son, en total, 320.841 personas. De ellas, justo la mitad (159.546) son jubilados, un colectivo entre quienes cuatro de cada diez cobran por debajo de esa cantidad; y algo más de 118.000, viudas, que suponen el 37% del total de perceptores. De hecho, tres de cada cuatro pensiones de viudedad de la región son inferiores al SMI. También entran en esta categoría el 46%de las 46.000 prestaciones de incapacidad permanente;el 93% de las 19.000 pensiones de orfandad y el 81%de las 3.780 a favor de familiares.
Los esfuerzos de Mariano Rajoy por contentar a los pensionistas indignados tras la subida mínima de las prestaciones en los últimos cinco años se han centrado básicamente en quienes cobran las prestaciones mínimas. Porque es el colectivo que menos ingresos obtiene durante la jubilación, al que más complicado se le puede hacer llegar a finales de mes y, sobre todo, porque el presidente sabe que se dirige al grupo de pensionistas mayoritario: quienes tienen las menores prestaciones por jubilación de la Seguridad Social representan el 36% de todos los jubilados (139.000 personas en la comunidad y un grupo que suma 2,16 millones de ciudadanos en toda España. A ellos habría que sumar a 105.700 viudas y 17.700 perceptores de la incapacidad permanente;en total, 280.032 personas, o el 46%del total.
Se trata de quienes ingresan menos de 650 euros al mes. En 2018 la cuantía de la pensión mínima es de 639,30 euros para beneficiarios sin cónyuge a cargo –o de 788,90 euros con cónyuge–. Esos son los importes actualizados tras la subida del 0,25%, esto es, una media de dos euros.
La llamada de atención de Rajoy en el Congreso no es baladí y se dirige a un colectivo al que históricamente han tentado todos los Gobiernos con promesas y medidas que apostaban por incrementar su nómina por encima de lo que han subido el resto de prestaciones. Dentro de quienes menos cobran hay 1,1 millones de jubilados –una quinta parte del total– a los que les corresponde entre 600 y 650 euros. Por debajo de esos 600 euros hay otro millón cuyas prestaciones no alcanzan esa cifra; y casi medio millón apenas ingresan entre 350 y 450 euros. Además, las diferencias son más elevadas si se comparan las pensiones por género: las mujeres que tienen cuantías mínimas representan un 62% de este colectivo, con un millón y medio de casos, frente al 38% de los hombres, con unos 930.000 jubilados.
Las estadísticas reflejan una realidad vivida por estos ciudadanos en sus años en activo: en buena parte de los casos se trata de personas que, aun trabajando mucho tiempo en los años 50, 60 o 70, no completaron los periodos de cotización necesarios; empleados cuyos sueldos eran inferiores, como en agricultura; o mujeres que se encargaban del hogar por lo que se les impidió aportar financieramente al sistema.
Los incrementos de las pensiones mínimas siempre se han situado en el centro del debate político, como ayer ocurrió en el pleno monográfico sobre la jubilación. Desde el año 2014, con la aplicación del suelo del 0,25%, estas prestaciones apenas han evolucionado al alza unos dos euros al mes. Si el Gobierno aprueba, vía Presupuestos, una subida ligada al 1,6% del IPC de 2017 –al presidente le pareció «razonable» la propuesta de la diputada canaria Ana Oramas, sin definir más la proporción del alza–, estas pensiones mejorarían en torno a 10 euros. El resto –dos tercios del total– se quedarían sin la reclamada subida adicional, a pesar de la sucesión de manifestaciones que se han venido desarrollando para exigirlo.
En los dos primeros años de legislatura de Rajoy, el incremento medio de las pensiones mínimas fue de 21,6 euros en 2012 y de 15,3 euros al mes en 2013. Previamente, el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero las elevó en 16,8 euros mensuales en 2011, salvándolas de la congelación general aprobada por su Gobierno para hacer frente al déficit público galopante que alcanzó por esas fechas el 9% del PIB. Antes, la subida había sido superior al 20% desde que accediera al poder en el año 2004.
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