La mitad de las familias amenazadas con el desahucio en Castilla y León son nuevos pobres

Ellos, ahora con 40 años, y una historia que «no nos gusta recordar» vivida en plena crisis económica, son un número de esos 5.474 casos sobre los que cayó una seria amenaza de desahucio y que quiso el destino, o la fortuna, que llegara a sus manos la información para saber a dónde acudir. Suman uno a esos números; pero son una familia, con un bebé y un niño, con muchas noches de insomnio. Con mucho miedo. Sin costumbre de pedir ayuda.

No había entrado en vigor el servicio de la Junta para evitar desalojos y dos semanas antes, solo con su anuncio, ya había 32 solicitudes de familias amenazadas con la pérdida de su hogar. El nuevo programa entraría en vigor un día 2 de noviembre de 2012, algún año después del comienzo de la crisis y cuando sus efectos se habían agudizado y en buena medida sobre una población no habituada al amparo de los Servicios Sociales. Nuevos pobres.

El desempleo y la falta de oportunidades, el agotamiento de los ahorros y de los apoyos familiares, habían hecho estragos. No había semana sin manifestaciones contra los desahucios. El Servicio Integral de Apoyo a Familias en Riesgo de Desahucio, que acorta su nombre en el SIAFRIDE, ha frenado en estos seis años los citados 5.474 desalojos. Todos los que han llamado a su puerta; otra cosa es que algunas personas que han sufrido este problema no hayan accedido a esta intervención administrativa por desconocimiento –algo que a la Junta le consta que sucede porque hay lanzamientos judiciales y nunca llegaron a su servicio–. Una simple llamada al 012 pone en marcha todo el recurso o a través de los Ceas. Y aunque en los últimos años el descenso de estas situaciones ha sido claro aún perduran las solicitudes.

Esta familia vallisoletana no sabía ni a quien acudir al principio. «Él, arquitecto y cuando este trabajo se acabó empezó a buscarse la vida y trabajó en suministros para diferentes empresas y yo –aclara la madre– he hecho de todo, desde cuidar niños a cajera de supermercado o cualquier cosa que me saliera; aunque soy secretaria. No hemos rechazado ni un solo trabajo. Ni siquiera cursos de preparación aunque algunos no nos han enseñado nada y por hacerlos perdí el paro, como uno de fontanería». El caso «es que la crisis trajo el paro, a los dos y de quien esperas más ayuda, de familia o amigos, no recibes nada. No quisieron saber nada. En cambio, nos alucinó otra gente de la que nunca hubieras esperado nada, también algún familiar, que se volcó». Pero «lo que realmente nos salvó es este servicio de la Junta, ni recuerdo cómo llegamos a él, algo leímos, o el Ceas y trajo a Paqui a nuestras vidas.Nos ayudó tanto, se volcó de tal manera... fue la que se ocupó de nuestro caso. Nos lo revisaron todo, gastos, hipoteca, deudas, luz... y en muy pocos días, fue rapidísimo, nos lo arreglaron y solo pagamos intereses, además muy poco, nunca fueron más de 20 euros al mes».

Los datos de estos seis años de servicio constatan que el 53% de las familias atendidas en todo el periodo, es decir 2.903 hogares, no tenían abierta su historia social o apenas tenía un año de antigüedad desde su apertura. Como le ocurrió esta familia vallisoletana. Fue el encontrarse con un grave problema de endeudamiento y el impago de su vivienda lo que los acercó a los Servicios Sociales. Son «personas endeudadas que sufrieron un empobrecimiento abrupto generalmente motivado por la pérdida de empleo y que se agravó por cuestiones como la limitación de las prestaciones por desempleo», recoge el informe de la Consejería de Familia.

De las 5.474 familias atendidas desde 2012 hasta octubre del presente ejercicio, 1.708 (31%) han tenido concedida alguna vez una Renta Garantizada de Ciudadanía. Es más, 1.029 de estos salarios sociales fueron otorgados en paralelo a la intervención del SIAFRIDE, de las cuales permanecían en la nómina de octubre de 2018 un total de 532. Esta es una, pero no la única, de las medidas que pone en marcha el sistema.

El miedo persigue a estas familias, el temor a que la situación se repita y a veces lo hace, en 836 ocasiones hubo que reabrir el caso, y «pánico a no salir del agujero. Es tremendamente frustrante, sientes una enorme impotencia y mucha ira contra el mundo entero, no encuentras a quien culpar por lo que ha pasado».

Estos padres recibieron también la Renta Garantizada de Ciudadanía, «unos 300 euros teníamos, la comida de Cáritas y la ropa sobre todo de una amiga y con todo fuimos tirando. Fue una pesadilla porque yo he sido voluntaria para ayudar a otros y encontrarme ahora a este lado me resulta terrible», aseguran en un momento más dulce de su vida, donde el padre tiene un nuevo trabajo, «aunque es mileurista, pero somos felices» y esconden su nombre e imagen para proteger a los menores, que no les señalen porque afortunadamente eran tan pequeños que no se enteraron de nada».

Actualmente, las citas previas a las oficinas locales se atienden en una media de seis días, si bien cuando el asunto es urgente por notificaciones de lanzamiento «se valora y atiende en 24 horas». La Junta insiste: «cuanto antes se acuda al servicio, más fácil es evitar las peores consecuencias». A 31 de octubre de 2018, solo presentaban casos pendientes de atención seis de las treinta oficinas locales.

Los primeros años registraron un crecimiento exponencial, entre 2013 y 2014 la demanda creció en un 163%. Después, las incorporaciones fueron más contenidas hasta llegar al balance actual en que las solicitudes bajan porque lo hacen las necesidades, según los datos de la Consejería de Familia.

En estos seis años fueron atendidas las citadas 5.474 familias con 836 reaperturas de caso, lo que se traduce en 6.310 prestaciones de información acumuladas por el SIAFRIDE; de las que 5.958 (94,4%) figuran como concluidas al finalizar octubre de 2018. De los expedientes concluidos, 3.157 se pudieron cerrar sin necesidad de interlocución con entidades financieras mientras que 2.801 requirieron una intermediación con los bancos.

El primer paso, en todos los casos, es ofrecer información y asesoramiento personalizado, apoyo y análisis de la situación particular social y financiera. Hay familias que tienen gastos absurdos en cuentas de teléfonos o desorden en sus facturas que con una reorganización se consigue un ahorro considerable y suficiente aunque los ingresos sean escasos. Así, en 1.475 casos el equipo ayudó a la familia a elaborar un plan de saneamiento de la economía familiar.

La Junta, que ha consolidado este servicio y ya no forma parte de la excepcionalidad de la crisis, apuesta en el mismo por su carácter integral. Así, la demanda de ayuda frente al endeudamiento e impago de la vivienda ha provocado la activación de 2.444 prestaciones o servicios para un 19% de los usuarios del servicio (1.024 familias). Entre estas derivaciones destaca la concesión de las citadas 1.029 rentas de ciudadanía tramitadas y concedidas a raíz de la intervención del SIAFRIDE. Desde los CEAS se iniciaron otras 535 intervenciones.

Además, se activó la colaboración de entidades del tercer sector de acción social en 194 ocasiones y se orientó a solicitar justicia gratuita para los casos ya en este proceso en 392 situaciones. Por otra parte, desde la aprobación del Decreto de 2013 por el que se adoptaron medidas extraordinarias de apoyo a los afectados por la crisis, se han gestionado un total de 2.356 prestaciones económicas que suman algo más de dos millones de euros.

En general, la Junta financia las ayudas y las entidades locales las gestionan. Así se puede intervenir con el pago de cuotas hipotecarias si hay imposibilidad de costearlas mientras duran los trámites de reestructuración o cuotas vencidas cuando dicha deuda imposibilite los acuerdos con la entidad financiera o suponga riesgo inminente de inicio de ejecución hipotecaria que entorpezca o imposibilite la interlocución. Son las medidas más habituales.

La reestructuración de la deuda fue la principal intervención con este matrimonio y sus pequeños. «Cuando fuimos al banco, pasamos mucha vergüenza, nos parecía que la persona que nos atendía nos miraba mal. Pero no. Luego supimos que la sucursal cerró y él también se quedó en el paro. Fue una época horrible, yo necesité también psicólogo porque tuve una fuerte depresión».

Hasta 2013, también costea la Administración autonómica los gastos de cambios en el préstamo hipotecario o de resolución del mismo en los casos de dación en pago. A partir de 2014, estos gastos los asumen con carácter general las entidades financieras. También se ha intervenido en el levantamiento de embargos con anotación registral y de pequeña cuantía o en los gastos extraordinarios para la mudanza o el alquiler en casos de dación con entrega del inmueble.

En cuanto a la interlocución con entidades financieras, en estos seis años se han abierto un total de 3.807 expedientes. La Gerencia de Servicios Sociales explica que «no todos los casos se llevan a término; ya que la tasa de desistimiento, renuncia a seguir se mantiene cercana al 21,5%. Generalmente, el interesado abandona porque busca otras vías de solución que motiva el archivo del expediente. No obstante, siempre se puede reabrir a voluntad del usuario.

De los 2.801 casos llevados a término en interlocución con las entidades financieras, la solución mayoritaria (44,3%) consistió en llegar a reestructuraciones viables de los préstamos. Fueron así 1.240 los préstamos reestructurados.

Las daciones en pago son la solución menos utilizada, con solo el 5,9% de los casos cerrados con un total de 164 entregas del inmueble al acreedor para saldar la deuda. Hay otros acuerdos como la venta y amortización; suspensión de lanzamiento; retirada de demandas de ejecución; reestructuración o carencia mediante acuerdo privado sin elevación a público; supresión de cláusulas que permiten abonar la cuota hipotecaria; bajadas de tipos o alquileres sociales en el mismo inmueble), menos frecuentes y que, entre todos, que suman 551 casos (19,7% del total).

También hubo algún caso de mejora de la situación económica del núcleo familiar al encontrar empleo alguno de sus miembros. Esto ocurrió en 371 casos (13,2%) al poder afrontar de nuevo los préstamos y normalizar la situación sin más trámite. Además, en 2017 la Junta realizó una revisión de toda la documentación de los préstamos para detectar casos de hipotecas con cláusulas suelo para informar a las familias del procedimiento del Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en esta materia. De esta forma se aprovechó para realizar un seguimiento de casos cerrados con reestructuración y se intentó mejorar la situación financiera de las familias.