La Secretaría de Estado de Seguridad suspende el protocolo de la Junta sobre violencia sexista

Por su parte, la Delegación del Gobierno confirma que este viernes se recibió por correo electrónico la notificación de la «suspensión temporal», por lo que se ha transmitido a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que operan en la comunidad de que el protocolo está en evaluación hasta nuevas indicaciones.

El citado documento marco «no es una ley ni un decreto» que implique su obligado cumplimiento, matiza el fiscal jefe. Sin embargo, Silva revela que la Guardia Civil, por ejemplo, había indicado a sus cuarteles y puestos distribuidos en todo el territorio castellano y leonés que siguieran el protocolo en caso de que detectaran una víctima de violencia sexista. Esas instrucciones quedan en suspenso desde ya, incide la Delegación del Gobierno.

El capítulo en el que el fiscal jefe colocó el foco de las dudas es el que se refiere a que, cuando una presunta víctima se presenta en una comisaría o en un cuartelillo para denunciar un caso de violencia de género, los agentes de la Policía o de la Guardia Civil han de informarle de que tiene la posibilidad de recibir ayuda urgente por parte de un psicólogo.

Tal y como concreta la directora general de la Mujer de la Consejería de Familia, Esperanza Vázquez, ese apoyo profesional está encaminado a «estabilizar emocionalmente a la víctima para que pueda realizar su declaración o denunciar», ya que esos instantes «suelen ser los más duros y difíciles».

Vázquez recuerda que la puesta en marcha del protocolo contó con el visto bueno de la Secretaría de Estado de Seguridad para que la Policía y la Guardia Civil activaran este manual de actuación. Fuentes de la Delegación del Gobierno matizan que si bien hubo esa luz verde, recientemente se han detectado «disfunciones» cuando se ha analizado el funcionamiento con la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial. Por ese motivo, la Secretaría de Estado de Seguridad ha decidido suspender de manera temporal la aplicación y «evaluar su contenido así como la elaboración de uno nuevo en el que participen todas las partes desde el principio».

Ese examen, a instancia del Grupo de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, se refiere a que el documento ahora paralizado fue suscrito por la Junta y el Colegio Oficial de Psicólogos, aunque luego se adhirió la propia Delegación del Gobierno tras recibir el citado aval de la Secretaría de Estado.

Por su parte, Silva considera que el protocolo es susceptible de viciar el procedimiento jurídico posterior debido a «las interferencias de terceras personas». Lo dice por experiencias que ha habido. «Desde el punto de vista social, está bien y tiene una buena voluntad», quiere aclarar el fiscal jefe segoviano, quien no duda de las «magníficas intenciones» de la Junta cuando firmó el convenio. Antonio Silva echa en falta en el protocolo la presencia y asistencia del Ministerio Público en esos primeros momentos cuando la víctima se propone denunciar los hechos, lo que califica de «un error» a la hora de redactar el documento.

La directora general de la Mujer precisa que la ayuda psicológica es «previa» a la denuncia y que dicho apoyo urgente en ningún caso pretende influir en ese trance de interponer la demanda y en los trámites que se abran posteriormente en el ámbito judicial.

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