«Evidentemente es poco probable aplicar ya las 35 horas de jornada semanal. Con un coste de 120 millones de euros que sería el impacto económico de la medida y 440 millones menos de ingresos, parece poco probable». El vicepresidente y portavoz de la ... Junta, Francisco Igea, explicaba así el más que evidente retraso de la vuelta de los 80.000 empleados públicos de Castilla y León a la jornada de antes de la crisis. «Entre 110 y 120 millones de euros», precisó, en un momento de falta de ingresos dado que están pendientes las entregas a cuenta del modelo de financiación por parte del Gobierno de la nación.
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En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, informó del gasto que arroja el estudio de impacto de esta reducción horaria que corresponde a un acuerdo firmado el pasado mes de mayo con los sindicatos. Anunció Igea que la próxima semana se reunirá con los mismos
para estudiar las posibilidades de implantarlo; aunque insistió en que no será a corto plazo porque no hay ingresos, de lo que culpó al actual Gobierno en funciones por su «irresponsabilidad» e incapacidad de resolver presupuestos e investidura y a la falta de los primeros y recordó que «seguimos con los de Cristóbal Montoro», del Gobierno del PP de Mariano Rajoy. A este respecto calculó que, al menos, se llegará a mediados del año 2020 para contar con nuevas cuentas y no con prórrogas. Aún así recordó que era un compromiso de la Junta de Castilla y León el hacer efectivo este acuerdo con los sindicatos para una implantación progresiva a lo largo de la legislatura.
También destacó que el estudio de impacto de la aplicación de las 35 horas en la comunidad también se incluirá en la documentación que se remitirá en respuesta al Ministerio de Hacienda por el incumplimiento del déficit y las medidas a adoptar para el cierre del presente ejercicio.
«No sería sensato tomar la decisión de recuperar las 35 horas de jornada para dar marcha atrás», destacó. En insistió en que la Junta «nunca» engañará a los empleados públicos con la inminente puesta en marcha de medidas para reducir la jornada que podrían ser corregidas dos meses después por el Ejecutivo central en funciones, al que se ha reclamado una vez más los 440 millones que tiene que ingresar a Castilla y León por las entregas a cuenta.
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«Que nos ingrese lo que nos debe», insistió y llevó a la rueda de prensa el caso de Castilla-La Mancja, en el que, según explicó, «el PSOE ha votado a favor de la iniciativa del parlamento para reclamar las citadas entregas a cuenta a diferencia –recalcó– del PSOE de Castilla y León que se ha ocupado en estar otras cosillas» como el apartamento de las Cortes o las declaraciones del alcalde de Valladolid (Óscar Puente) sin respaldar una «postura de comunidad como sí ha hecho el de Castilla-La Mancha. Este es el PSOE de Castilla y León que tenemos».
La clave electoral recorrió cada oportunidad de la comparecencia ante los medios de comunicación y frecuentes fueron las cr´ticas contra la situación política nacional y Pedro Sánchez.
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