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Coronavirus en Castilla y León: El medio rural y las residencias de mayores se erigen en los focos principales de riesgo

El medio rural y las residencias de mayores se erigen en los focos principales de riesgo en Castilla y León

La Junta contabiliza 61 fallecidos en geriátricos, más de un tercio del total, y niega que aquí hubiera cadáveres junto a residentes, como alertó la ministra Margarita Robles

Antonio G. Encinas

Valladolid

Martes, 24 de marzo 2020

Las especiales características de Castilla y León juegan simultáneamente a su favor y en su contra en la partida contra el coronavirus. La dispersión geográfica ralentiza la propagación. Solo hay que ver el mapa de afectación de la pandemia para comprobar que los núcleos ... de población más grandes y las zonas con más densidad de habitantes son focos de contagio relevantes. Pero, al mismo tiempo, el medio rural casi despoblado concede una engañosa sensación de seguridad, un «aquí no va a llegar», que puede originar auténticas microepidemias. A esto hay que añadir que la región tiene, dice el Instituto Nacional de Estadística, 930.000 personas mayores de 70 años. Más de un tercio de los 2,4 millones de residentes en el territorio.

«Sigue siendo importante la cuarentena social. No podemos estar relacionándonos en las calles», repetía ayer, como si fuera una letanía milagrosa capaz de frenar al virus por sí misma, la consejera de Sanidad, Verónica Casado, cuando matizó con cierto tono de enfado maternofilial: «Esto también es para el medio rural, no pueden estar abiertos los bares ni los lugares de culto».

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Unos días atrás se le había preguntado, precisamente, qué le parecía que siguiera celebrándose misa en algunos municipios pequeños. Advirtió de que lo mejor era la «cuarentena social», ese sintagma repetido hasta la saciedad y nunca suficiente, a la luz de las 60.000 denuncias en una semana en todo el país por incumplir las restricciones. Y añadió, como mal menor, que al menos respetaran la distancia de seguridad.

Porque lo cierto es que en los municipios más pequeños resulta imposible establecer el control adecuado. La presencia de la Guardia Civil es menor, enfangada ahora en la titánica tarea de evitar desplazamientos, vigilar carreteras... Y esa sensación de invulnerabilidad que otorga el vivir apartado del estruendo urbano es, en realidad, una trampa.

Y aquí entra en liza un segundo factor de riesgo: las residencias de mayores. De las 702 que la Junta contabiliza, tanto públicas como privadas, algo más de un tercio, en torno a 265, se ubican en poblaciones de más de 5.000 habitantes. El resto se encuentran en municipios más pequeños, que en la mayoría de los casos no cuentan con Policía Local propia.

La Junta de Castilla y León ha recibido la colaboración de la Unidad Militar de Emergencias para desinfectar muchos de estos centros y ha enviado instrucciones para que se aísle a todos aquellos que presenten síntomas que cuadren con la infección por el coronavirus.

Ayer, la consejera de Familia fue la encargada de poner cifras a la situación. La más dramática: 61 fallecidos. «No en todos los casos se ha confirmado que padecieran COVID-19. En Segovia, por ejemplo, de los 16 casos de muerte hay 10 a los que no se les había hecho el test, pero en el momento de fallecer presentaban síntomas compatibles con la enfermedad», matizaba Isabel Blanco.

Pero hay otra cifra alarmante: 335 están confirmados como positivos por coronavirus. Una barbaridad, puesto que la tasa de supervivencia decrece con la edad y con el añadido de otras patologías, lo que es común en estos centros de mayores.

Y por si fuera poco, otros 1.840 están aislados. «Los que estaban en esa situación antes de empezar [por otras enfermedades], los que están con síntomas y los que no tienen síntomas, porque algunos centros, ante la aparición de algún caso, han tomado medidas con todos los residentes».

Deslealtad del Gobierno

Las familias, mientras tanto, viven con la ansiedad de no poder visitar ni apenas saber nada de sus mayores ingresados. Y en esa tesitura, el mensaje de la ministra Margarita Robles de que el Ejército había encontrado «cadáveres de ancianos» 'conviviendo' «con residentes» ha generado una alarma muy dañina. «En Castilla y León no tenemos constancia de que en ninguna residencia de mayores 'convivan' cadáveres con personas mayores. Somos un Gobierno leal con el Gobierno de España, leal con las decisiones y medidas que se están tomando. Pedimos la misma lealtad al Gobierno», advirtió la consejera de Familia. «Clarifique los hechos que ha puesto de manifiesto, no cree más confusión. Hemos dado orden a los servicios jurídicos de la Junta de ponerse a disposición de la Fiscalía para cualquier información que necesiten y, si en algunas residencia se abren diligencias, la Junta se personará. Tenemos un equipo de personas que trabaja todos los días en contacto con las residencias, que realiza visitas, y ante cualquier situación anómala que detectemos se le dará traslado a la Fiscalía», aclaró Blanco.

La Junta ha recibido 120 ofertas de voluntarios para intentar reforzar las residencias de mayores de la comunidad, según informó la consejera. Se distribuirán en función de las provincias en las que se encuentren y las necesidades que se detecten. Unas necesidades que, a la vista de las cifras, van en aumento.

19,3 millones del Gobierno para la región

Casi veinte millones de euros destinó el Consejo de Ministros celebrado ayer a Castilla y León. De ellos, 1,7 se destinan a garantizar el derecho a la alimentación de niños y niñas «en situación de vulnerabilidad» ante el cierre de los comedores escolares. Otros 17,6 quedan a disposición de la Junta, ayuntamientos y diputaciones «para hacer frente a situaciones de necesidad». Javier Izquierdo, delegado del Gobierno, explicó que el fondo para nutrición escolar es de 25 millones para todo el país y el fondo social extraordinario, de 329 millones. El reparto ha primado «la mayor dispersión de la población» y el envejecimiento de la región.

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