Las medidas 'antiaborto' se aplicarán en Castilla y León a partir del lunes

Así lo han explicado fuentes de la Consejería de Sanidad a la agencia Ical, si bien han aclarado que no se obligará a los profesionales sanitarios a ofrecer las nuevas medidas destinadas a mujeres embarazadas, como la asistencia psicológica, la ecografía para escuchar el latido del bebé o las ecografías 4D, planteadas como medida disuasoria para las mujeres que quieren abortar.

Sanidad prevé que el sistema sanitario público incorpore la asistencia por parte de un psicólogo clínico a las mujeres embarazadas, así como que se les ofrezca la posibilidad de escuchar el latido del corazón del feto. De momento, las ecografías en cuatro dimensiones, no se incorporarán debido a que se necesita más tiempo para contar con los aparatos necesarios para realizar estas pruebas.

El anuncio de implantación inmediata, que llegaba a través de Ical, sin comunicación oficial desde la Junta, se producía tras una jornada de viernes marcada, no solo por el rechazo de la izquierda a medidas que consideran atentan contra la libertad de las mujeres, sino también por un enfrentamiento entre PP y Vox, socios de gobierno en la Junta de Castilla y León.

Mientras la cúpula nacional del PP «reprobaba» las medidas y afirmaba que no se iban a implementar, el líder de Vox, Santiago Abascal, pedía a los 'populares' que «no les tiemble el pulso» a la hora de aplicar una batería de medidas «consensuadas» con la Consejería. Además, cargos del PP en la Junta matizaban las declaraciones del vicepresidente, Juan García-Gallardo.

El consejero de la Presidencia, Jesús Julio Carnero, afirmaba que no se iba a obligar a los médicos a ofrecer las medidas, mientras que el responsable de Sanidad, Alejandro Vázquez, negaba que se fuera a cambiar el protocolo de atención a las mujeres embarazadas porque funciona bien. E insistía en que las medidas anunciadas se aplicarán bajo criterios médicos.

Por su parte, el Gobierno central ha amenazado con acudir a los tribunales si se aplica el nuevo protocolo. Y el PSOE se ha mostrado especialmente crítico, al considera que con las nuevas medidas PP y Vox pretenten «introducir dentro del sistema santiario público el control y el hostigamiento que antes se producía en los alrededores de los centros sanitarios», y que está penado en el Código Penal.