Mañueco y la vuelta a las 35 horas (17 años después)

Ahora, Fernández Mañueco se enfrenta al mismo problema que logró resolver como responsable de la Función Pública, pero esta vez lo hace como presidente de la Junta, después de tensas reuniones con los sindicatos y con los empleados públicos en pie de guerra. El calendario de movilizaciones para reclamar la vuelta inmediata a la jornada semanal 35 horas comienza hoy mismo con concentraciones en las delegaciones territoriales de las provincias y culminará con una huelga en la administración autonómica el 6 de noviembre.

La jornada de 35 horas para los funcionarios es una vieja demanda sindical que data del siglo pasado. A finales de los 90, UGT y CCOO ya reclamaban la reducción del horario laboral para el personal de la Junta con la idea de «fomentar la creación de empleo». Los empleados públicos regionales crecieron tras las transferencias de competencias que puso en marcha el gobierno central de Aznar. En 2002, la Sanidad quedó en manos a las comunidades que aún no la gestionaban, como Castilla y León, y todo el personal sanitario pasó a depender de la Junta. Ese mismo año se akcanzó el acuerdo para las 35 horas. En 2005 el Bocyl publicó el decreto detallado que regulaba la nueva jornada laboral en centros de salud y hospitales.

«Aquellas medidas se revirtieron en 2012», recuerda Tomás Pérez, secretario autonómico de la Federación de Empleados de Servicios Públicos de UGT de Castilla y León. «Hasta entonces, la norma señalaba que la jornada semanal de los empleados públicos tenía un máximo de 37 horas y media. Con ese 'máximo' como tope, las comunidades habían negociado la reducción a las 35 horas. Sin embargo, el gobierno de Mariano Rajoy cambió el término 'máximo' por 'mínimo' para señalar que la jornada de los empleados públicos tendría 'un mínimo de 37 horas y media'. Fue la época de los recortes: se suspendieron todos los pactos sindicales, se quitaron los 'moscosos', los 'canosos' [días de asuntos propios] y la jornada de 35 horas en aquellas comunidades que la tenían implantada».

En Castilla y León, el entonces presidente, Juan Vicente Herrera, alertó a finales de 2011 que la Junta mantendría el sueldo de los funcionarios, pero que la crisis obligaba a aumentar la producción en media hora diaria hasta llegar a las 37,5 horas semanales. La medida, que afectaba a 87.000 funcionarios, suponía volver a la situación de 2002 y preveía un ahorro de 136 millones de euros en 2012.

Rocío Lucas, actual consejera de Educación, era entonces viceconsejera de Función Pública y Modernización y recalcó que el aumento de la jornada respondía a la apuesta de la Junta por aumentar la productividad.

Durante 2012, la Junta pactó con los sindicatos volver a las 35 horas, una vez que la crisis remitiera. Así lo hizo con Comisiones Obreras en febrero de aquel año, en una medida que colocaba a Castilla y León en la senda de otras comunidades como Cataluña, País Vasco, Valencia oCastilla-La Mancha, que habían ligado la recuperación de las 35 horas con el final de la crisis económica. La Junta también pactó volver a la jornada anterior si el gobierno de Rajoy decidía rebajar el sueldo a los funcionarios como medida de ajuste.

«En la última legislatura de Rajoy se firmó un pacto en Madrid entre los sindicatos CSIF, Comisiones Obreras y UGT en el que se fijaron tres requisitos para negociar otra jornada distinta a las 37,5 horas. Los requisitos eran cumplir con los objetivos de deuda pública, déficit y control del gasto. Pedro Sánchez mantuvo el pacto tras la moción de censura. La Junta cumplió con los tres indicadores en mayo de 2019 y ya pudo negociar con los sindicatos la vuelta a las 35 horas. Fue cuando se llegó a un acuerdo con el vicepresidente [José Antonio de Santiago-Juárez]. Hacienda dio de paso el montante económico y se firmó en mayo», recuerda Tomás Pérez.

El acuerdo ampliaba la jornada estival de 35 horas en cuatro meses (en lugar de los tres de 2018) y preveía mantener el horario a partir del 1 de octubre, mientras se negociaban todos los calendarios laborales hasta su fijación definitiva. Pero el nuevo gobierno de Mañueco consideró que no podía afrontar el gasto que suponía y volvió a las 37,5 horas a la espera de solucionar el asunto durante la legislatura. «Fue el consejero Ángel Ibáñez [Presidencia] el que se levantó de la mesa y dijo que no teníamos nada que negociar. Son ellos los que han incumplido», dice Tomás Pérez.

El gobierno de Mañueco se enfrenta a un otoño de movilizaciones, paros y huelgas. Lejos queda el idilio de 2002 con los sindicatos, cuando la implantación de las 35 horas propició un fructífero Diálogo Social en Castilla y León que ahora se resquebraja.