Mañueco insta al Gobierno a «mover ficha» con el toque de queda porque no solo lo pide Castilla y León

La Abogacía del Estado ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo contra esta decisión de la Junta de Castilla y León que los magistrados analizarán este martes, pero que no resolverán de manera inminente. Lo que va a hacer la Sala del Contencioso-Administrativo, en concreto la sección 4ª que se ocupa de los asuntos sanitarios, es dar tramité al recurso. El Gobierno se posiciona contra el inicio del toque de queda antes de las diez de la noche, pero no pide al Alto Tribunal que lo suspenda de inmediato, puesto que no da el paso de reclamar medidas cautelarísimas.

Esa habría sido la vía ultrarrápida, que obligaría a los magistrados a tomar una decisión urgente sin escuchar a la Junta. Pero el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos ha optado por solicitar solamente medidas cautelares, lo que implica que el Supremo ofrezca un plazo de hasta diez días a la comunidad autónoma para que exponga sus argumentos. El Alto Tribunal no fallará sobre la legalidad o ilegalidad de la medida antes de escuchar a la Junta de Castilla yLeón. Esa renuncia por parte del Gobierno de Pedro Sánchez a exigir medidas cautelarísimas abre un paréntesis de tiempo que permite la resolución política de la controversia jurídica. Este miércoles mismo se celebrará el Consejo Interterritorial de Salud.

En el de la semana pasada hubo al menos tres comunidades que solicitaron al ministro de Sanidad, Salvador Illa, poder adelantar el toque de queda. A este próximo concurren los consejeros autonómicos con un endurecimiento generalizado de las medidas ante el alza de contagios, hospitalizaciones y fallecimientos.

Para muestra, Castilla y León: los 8.356 fallecidos por covid (cartillas dadas de baja por la Junta) del miércoles eran ayer 8.505. Son 149 muertos más en cinco días. Y los hospitales de la comunidad han pasado de los 666 pacientes en planta y 156 en UCI del jueves, a los 1.044 ingresados contabilizados ayer, más los 173 en situación crítica que dependían de los cuidados de los especialistas en medicina intensiva. La incidencia se ha «multiplicado por 15» en dos semanas, justificó el presidente autonómico.

«Vamos a ver qué es lo que propone el Gobierno», ha emplazado Alfonso Fernández Mañueco respecto a esa reunión semanal de Illa y los consejeros de Sanidad. Eso sí, el presidente de Castilla y León ha recordado que el acuerdo que él ha firmado adelantando el toque de queda es «la legalidad vigente en este momento en Castilla y León». De obligado cumplimiento mientras el Supremo no diga lo contrario. Es una medida, como la de reducir las reuniones sociales a un máximo de cuatro personas no convivientes, el confinamiento de las provincias o la reducción de aforos en las iglesias, revisable en quince días pero que «nace con vocación de permanencia», advierte.

Fernández Mañueco volvió a pedir a Pedro Sánchez «herramientas intermedias» entre la 'excepcionalidad' de un estado de alarma duro, como el de primavera, y la 'normalidad' de la legislación sanitaria ordinaria. Algo dijo, que los presidentes autonómicos necesitan al «responsabilizarse casi en solitario» de la lucha contra la pandemia.

La ministra de Política Territorial, Carolina Darias, ha discrepado sobre el proceder del Ejecutivo castellano y leonés. «Decisiones unilaterales no nos llevan a nada», mientras que las «decisiones basadas en el consenso sí nos permiten avanzar», ha declarado a preguntas del Carlos Alsina en Onda Cero. También que hay que ser «absolutamente exquisitos con el cumplimiento de la ley» y que «el principio de legalidad y el estado de derecho nos atañen a todos».

Mañueco se ha sumado a esta demanda de «unidad de acción» frente a la pandemia, algo que calificó como «imprescindible»n 48 horas después de firmar el adelanto del toque de queda y con el recurso de Pedro Sánchez en el Supremo. Algo que hizo, recalcó, «teniendo en cuenta los informes jurídicos y los de la situación sanitaria, que nos apretaban muchísimo». Esto último fue lo que decantó el adelanto de la hora de reclusión domiciliaria. «No nos vamos a quedar de brazos cruzados», ha avisado Fernández Mañueco.

El presidente reconoce que la disparidad de criterios no ayuda con una pandemia en situación de riesgo extremo. «A veces, lo que hacemos entre las administraciones públicas es confundir», admite. Y quita hierro a que dirima la Justicia: «Más allá de la razón jurídica, yo humildemente estudié la carrera de Derecho y son los tribunales los que tienen que determinar y cumpliremos fielmente sus resoluciones, lo que espero es que esta medida sea eficaz en la lucha contra el virus. Reducir la incidencia salva vidas».