Castilla y León

Luz verde a la tramitación de la ley de puestos sanitarios de difícil cobertura

El Pleno de las Cortes de Castilla y León tomó en consideración la proposición de ley de medidas extraordinarias para impulsar la provisión estable y permanente de puestos sanitarios de difícil cobertura y garantizar la asistencia sanitaria en el Servicio de Salud de Castilla y León, presentada el pasado mes de mayo por PP y Vox.

La iniciativa inicia ahora su tramitación parlamentaria, después de contar con el voto a favor de PP, Vox, UPL-Soria Ya, Francisco Igea y Por Ávila y ninguno en contra ya que PSOE y Unidas Podemos se abstuvieron, si bien toda la oposición avanzó enmiendas, mientras que el popular José María Sánchez aseguró que es una norma «abierta al diálogo seria, completa, rigurosa y ambiciosa».

El portavoz popular de Sanidad, José María Sánchez, defendió que la Junta trabaja desde el inicio de la legislatura para contar con más profesionales, expresó el compromiso con el personal de Sacyl a través de los procesos selectivos para reducir la interinidad con la incorporación de más de 8.000 sanitarios. «Hay un grave problema que es común a todas las comunidades, siendo competencia del Gobierno», argumentó, y criticó «la dejadez y tardanza» del Ejecutivo para abordar las plazas de difícil cobertura, «paralizados» con la llegada de «Sánchez y sus seis ministros» del ramo.

La proposición de ley, calificada de «muy ambiciosa» y «la más completa» del sistema nacional de salud por el popular, plantea medidas ante la escasez de profesionales y dificultades para la cobertura estable y permanente de determinados puestos sanitarios y la necesidad de incentivos económicos y no económicos para hacer «más atractivos» determinados puestos sanitarios.

Así, explicó que el objetivo de la norma es la retención continua y estable de los profesionales y garantizar la calidad de la asistencia sanitaria y apeló al diálogo, para lo que su grupo «tiende la mano», en la fase de tramitación, informa Ical.

El socialista Jesús Puente rechazó que sea la norma más completa del sistema de salud de España, pidió que mire la de Valencia o la del Grupo Socialista, recordó el decreto-ley de 28 de febrero de 2019 «no usado» y subrayó que con la covid «saltó por los aires», sin que sea haya recuperado.

Puente sostuvo que los condicionantes geográficos no son el argumento de puestos de difícil cobertura, se refirió a algunas plazas en Valladolid o en hospitales comarcales que tampoco se consolidan y comparó los criterios mínimos fijados en el Consejo Interterritorial de marzo de 2023 con la norma presentada para concluir que no se acerca a esas variables mínimas. En su redacción no vio criterios objetivos, pidió que «no se haga trampa» y confió en que, en la tramitación, se recojan las propuestas de colectivos sociales y profesionales, por lo que anunció la abstención por la falta de concreción.

«Somos personas de palabra», inició Rebeca Arroyo (Vox), en relación a la salida del Gobierno pero apoyó un texto presentado como socios, a la vez que estimó que esta norma va a contribuir a cubrir los puestos de difícil cobertura aunque avanzó enmiendas para la mejora de la proposición de ley. «Es urgente tomar medidas que aproximen la sanidad al medio rural», sostuvo, para apostar por la colaboración de Junta y Gobierno. «La prestación sanitaria a los ciudadanos empieza a verse seriamente comprometida», advirtió.

El procurador del Grupo Mixto Francisco Igea recordó el decreto-ley de 28 de febrero de 2019 que no se ha aplicado, señaló que se incentiva a los profesionales pero no se habla de la carga de trabajo, vio lagunas en la definición de puestos de difícil cobertura y acusó al popular de «mentir» dado que en el Gobierno Sánchez se han convocado 9.000 plazas de médicos sobre los 6.000 de Rajoy.

Pablo Fernández (Unidas Podemos) imputó la responsabilidad de falta de profesionales en la Junta, y defendió que en las plazas de difícil cobertura «se debe pagar más» y también facilitar la conciliación laboral de los facultativos. El procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, apoyó el paso para tramitar este asunto y abordar un problema del sistema sanitario, aunque reconoció que no es una norma completa.

El procurador de Soria Ya Ángel Ceña advirtió de que las plazas de difícil cobertura en su provincia se quedan vacías y anunció el voto a favor de la toma de consideración, aunque lamentó que no se haya presentado como proyecto de ley del Ejecutivo.

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