Vox logra el compromiso de Mañueco para tramitar la Ley de Violencia Intrafamiliar antes de agosto

El nuevo documento desencalla casi un mes de negociaciones tras el acuerdo inicial, con la comunidad autónoma sumando tres meses y medio con la Administración autonómica sin presupuesto y con un Ejecutivo en situación de interinidad, sin poder gestionar a pleno rendimiento, y es fruto de las «conversaciones para formar un Gobierno autonómico estable, sólido y fuerte pensando en los intereses de las personas de Castilla y León y de España», según destacan en el escrito los dirigentes de Vox y de PP.

Vox había exigido tras las elecciones la derogación del Decreto de Memoria Histórica y Democrática, petición que no logró incluir en el acuerdo inicial con el PP. Esta regulación sobre la «concordia» se enmarca en el eje número 3 del pacto general que firmaron Fernández Mañueco y García-Gallardo en marzo y que les obliga a «reivindicar nuestra historia común, entendida como elemento integrador para la reconciliación, combatiendo cualquier intento de quienes tratan de utilizarla para dividir a los españoles».

Fuentes del PP recalcaron este martes que, tal y como había avanzado Fernández Mañueco, la futura Ley de Violencia Intrafamiliar no supondrá la derogación de la Ley de Lucha Contra la Violencia de Género autonómica, que por otra parte estaba pendiente de una reforma con un texto muy avanzado cuando se convocaron las elecciones en diciembre.

PP y Vox han acordado también las funciones que desarrollará Juan García-Gallardo como vicepresidente sin cartera en la Junta, «además de ser el representante institucional en sustitución del presidente». El partido ultraconservador aspiraba a presidir la Comisión de Secretarios y a controlar la partida de publicidad institucional, requiriendo nombrar incluso a la persona responsable de la Dirección de Comunicación, que es un cargo por norma muy cercano al presidente de la Junta.

De esas exigencias surge ahora una «comisión de seguimiento» para la planificación de campañas de publicidad institucional, «con participación de la vicepresidencia», que se suma a la «participación del órgano directivo dependiente del vicepresidente en la Comisión de Secretarios». El acuerdo no habla de que García-Gallardo presida este órgano. Se queda en esa «participación» en una comisión que puede parecer burocrática por el nombre. Nada más lejos de la realidad. Desde ella se controla la gestión de la Junta. Es la antesala del Consejo de Gobierno, donde se preparan los expedientes que luego aprueban el presidente de la Junta y los consejeros. Desde allí se pueden impulsar o paralizar iniciativas sociales, económicas, normativa, obras, subvenciones...

Fuentes del PP circunscriben el peso de Vox, únicamente a la participación, sin capacidad decisoria, puesto que es un órgano calcado al que tenían PP y Ciudadanos en la anterior legislatura.

Juan García-Gallardo va a asumir la presidencia de la Comisión Delegada del Gobierno (para asuntos económicos) y la de Simplificación Administrativa, incluyendo procedimientos ambientales, que son los que deben superar las industrias, infraestructuras y granjas ganaderas para su implantación en el territorio, donde se establecen las medidas ambientales que deben cumplir para minimizar la contaminación o las molestias a la población.

El dirigente de Vox será el suplente en el Comité de las Regiones de Europa cuando no pueda asistir el representante de Castilla y León habitual, y asume el Comisionado de las Víctimas del Terrorismo y la representación «institucional» con el Consejo Consultivo y el Procurador del Común.

Es el 'traje institucional' que se ha confeccionado a un vicepresidente que, a diferencia de Francisco Igea, José Antonio de Santiago-Juárez o Rosa Valdeón, que le precedieron en esa responsabilidad de ser número 2 de la Junta, no tiene consejería que gestionar. El primero valoró ayer las competencias de trabajo que tendrá García-Gallardo. Igea aseguró que en la coalición de PP y Vox, el vicepresidente estará a la altura del «gobernador de la ínsula de Barataria» y su cargo será comparable al «embajador plenipotenciario de no se sabe qué».