PP y Cs limitan la investigación sobre el reparto de la publicidad institucional al último mandato de Herrera

María Teresa Gago, portavoz de la formación naranja en este órgano de control, justificó este plazo vinculándolo a la aprobación de «la ley sobre el plan de medios», aunque la norma que regula la publicidad institucional se aprobó en 2009. Lo que se refrendó en 2014 fue, por parte de la Junta, una resolución para articular el plan de medios.

Además del periodo a investigar, PP y Cs han aprobado que el de comparecencias se ciña a seis meses iniciales, aunque prorrogables si es necesario, aspecto en el que tampoco han estado de acuerdo las procuradoras socialistas y la de Podemos por enteder que se limita el tiempo sin saber cuántos comparecientes se citarán en la comisión. Además de las citaciones que planteen los grupos y el listado que finalmente se vote, la portavoz de Cs ha dejado la puerta abierta a comparecencias por iniciativa propia al apuntar que «cualquier persona que quiera venir a comparecer podrá hacerlo».

«Es la primera vez que no se llega a un acuerdo sobre el periodo a investigar, lo más que aceptaban (PP y Cs) era abarcar desde 2011, pero nunca más allá. ¿Quién era consejero de la Junta hasta ese año? Está claro que lo que quieren es salvar al señor Mañueco», ha criticado Virginia Barcones, viceportavoz del PSOE en las Cortes, que ha acusado a los populares de utilizar la comisión, con la complicidad de Cs, para «dirimir cuitas internas y fobias personales». El responsable del reparto de publicidad y campañas institucionales entre los medios de comunicación era José Antonio de Santiago-Juárez, actualmente concejal del PP en el Ayuntamiento de Valladolid. El exvicepresidente de la Junta mostró su interés en comparecer en la comisión cuando PP y Cs registraron la solicitud para que se pusiera en marcha.

«He intentado ser flexible», ha justificado la presidenta de la comisión de investigación, María Montero, procuradora de Cs. Los integrantes de este órgano de control tienen hasta el día 27 de enero para solicitar documentación. A partir de ahí se estiman unos 30 días para que esos expedientes lleguen a las Cortes, según ha calculado Miguel Ángel García Nieto, portavoz del PP en la comisión. El parlamentario popular ha reiterado que entienden «que las cosas se han hecho bien en Castilla y León, pero no nos oponemos a que se investigue». García Nieto ha justificado el periodo de análisis en la publicación, en 2014, de la resolución que regulaba el plan de medios de la Junta.

«Es una vergüenza lo que me provoca esta comisión de investigación, con el acuerdo de PP y Cs que, cada vez más, es el mismo partido», ha censurado Laura Domínguez, procuradora de Podemos y representante del grupo mixto, muy crítica con los límites de tiempo y plazo marcados en el plan de trabajo.

«Es una burla que se gaste dinero público en una investigación que no es tal», ha remarcado Virginia Barcones.