Más de 400 leyes en 35 años para impulsar el autogobierno de Castilla y León

En concreto, el Parlamento de la Comunidad ha alumbrado 412 leyes entre julio de1983 y febrero de 2018. La primera legislatura aprobó normas básicas para asentar la institución del Ejecutivo, la hacienda o sus relaciones con las entidades locales. Después han seguido todo tipo de proyectos, tanto sectoriales, como sociales y de fortalecimiento institucional con la creación del Procurador del Común, Consejo Económico y Social, Consejo Consultivo y Consejo de Cuentas. La ley de cajas es la que más modificaciones ha sufrido, con hasta diez.

Las primeras leyes aprobadas por el Gobierno socialista fueron las de presupuestos, que ascendieron a algo más de 3.055 millones de pesetas, y la de Gobierno y la Administración de Castilla y León. En ese momento, la Junta tenía su sede provisional en el Palacio de la Isla de Burgos. «Sea notorio a todos los ciudadanos que las Cortes de Castilla y León han aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que se establece en el artículo 14.3 del Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la publicación de la siguiente», firma el presidente Demetrio Madrid el proyecto de ley de Gobierno y Administración de la Comunidad.

En ese mandato, se aprobaron la creación del Consejo de la Juventud, el Instituto de Desarrollo y Planificación, la Ordenación de la Función Pública, la declaración de la Fiesta de la Comunidad el 23 de abril y la ley reguladora de las relaciones entre la Comunidad y las entidades locales -Ley Nalda-. Casi al final de la legislatura, con José Constantino Nalda como presidente por la renuncia de Demetrio Madrid tras su imputación en un caso ajeno a la política, del que luego sería absuelto, vieron la luz las leyes Electoral, de Patrimonio o designación de Senadores por la Comunidad hasta cerrar con 30 proyectos.

La segunda legislatura (1987-1991) produce un cambio de Gobierno. José María Aznar (Alianza Popular) es elegido presidente con la abstención de CDS. Lo primero que hace es la supresión de los institutos públicos creados por el PSOE, pero también fija las sedes de la Junta y de las Cortes en la ciudad de Valladolid (29 de diciembre de 1987) y el Tribunal Superior de Justicia en la ciudad de Burgos. Las leyes de financiación de la minería y de Acción Social y Servicios Sociales también tuvieron hueco entre las 48 aprobadas en esos cuatro años.

En septiembre de 1989 Aznar es nombrado presidente de AP y deja la Junta. Jesús Posada toma el relevo y gobierna en coalición con CDS. Son dos años fructíferos en leyes, entre ellas las de incompatibilidades de los miembros de la Junta, carreteras, seguridad industrial, cajas, creación de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, del Parque Público de Boecillo, Consejo Económico y Social o la primera comarca por ley, y hasta hoy la única, la del Bierzo.

La tercera legislatura (1991-1995), con la primera mayoría absoluta del PP con Juan José Lucas, alumbra otras 45 leyes. De ese periodo son la ordenación del sistema sanitario, la integración social de drogodependientes, la sociedad de gestión de infraestructuras, museos o la creación de la Agencia de Desarrollo Económico y de la Gerencia de Servicios Sociales. También la creación (1994) de la institución del Procurador del Común, cuya sede se fija en León.

Entre 1995-1999, cuarta legislatura y segundo mandato de Lucas con mayoría absoluta, la producción normativa fue de 42 leyes. La cuestión de confianza y facultad del presidente de la Junta para disolver las Cortes, la creación del Ente público de Energía, el programa de actuación minera y las leyes de turismo, régimen local, coordinación universitaria, accesibilidad o supresión de barreras, ordenación del territorio, investigación y ciencia o urbanismo son algunas de esa etapa.

La V legislatura (1999-2003) es una de las más fructíferas, con 63 leyes. En febrero de 2001 Lucas cede el testigo a Juan Vicente Herrera. De ese periodo son la creación del Consejo de Cuentas y Consejo Consultivo, ambos de 2002 con sede en Palencia y Zamora, respectivamente. Es una etapa con abundantes leyes de carácter social: promoción y atención a la infancia, igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, protección a las personas mayores, derechos y deberes en relación con la salud -asumidas ya las competencias de sanidad- o creación del Servicio Público de Empleo.

Otras 51 leyes engrosan la VI legislatura (2003-2007), primera de Herrera elegido en las urnas. Medidas de apoyo a la familia, cooperación al desarrollo, voluntariado, mediación familiar ven la luz, pero también se regula el Estatuto de los expresidentes de la Junta (consejeros natos del Consejo Consultivo), se crea el Instituto de la Juventud o se aprueba la ahora fallida Ciudad del Medio Ambiente en Soria.

Llega la crisis

Es la séptima legislatura (2007-2011) la más abundante en proyectos de ley, hasta 64. Junto a una batería de declaraciones de espacios naturales (Lagunas de Neila, Batuecas-Sierra de Francia o Fuentes Carrionas, entre otras), figura la creación del Consejo del Diálogo Social o la transferencia de competencias a las entidades locales. Es una etapa de amplio contenido social y nace la renta garantizada de ciudadanía, la red de apoyo a la mujer embarazada, el derecho a la vivienda, la violencia de género o la ordenación del sistema de salud, como leyes de mayor calado.

Entre 2011-2015, la crisis económica obliga a adoptar medidas extraordinarias de apoyo a las personas más vulnerables, cambios en la renta de ciudadanía para ampliar sus usuarios, medidas urgentes en materia de sanidad y medidas urgentes para la garantía de los servicios sociales, racionalización y reforma de la Administración y reestructuración del sector público y de estabilidad para cumplir con los objetivos de déficit marcados por el Gobierno.

También es un periodo, la octava legislatura, en el que tienen cabida, entre las 51 aprobadas, leyes de calado social, como integración de los inmigrantes, igualdad de oportunidades para personas con discapacidad, ciudadanía castellano y leonesa en el exterior o autoridad del profesorado, y otras sectoriales como las de estímulo a la creación de empresas, de industria o agraria. De este mandato es la ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio para dotar a la Comunidad de un modelo territorial, que se completa con la declaración de las áreas funcionales estables y la financiación de las entidades locales vinculada a los ingresos impositivos de la Comunidad.

La actual legislatura, sin mayoría absoluta del PP y con la entrada de Podemos y Ciudadanos en la Cámara, ha producido 18 textos en dos años. Con el apoyo del grupo naranja al PP salieron las leyes del Estatuto de los Altos Cargos (limita a ocho años el mandato del presidente de la Junta) y la que da curso a las informaciones que reciba la Administración relacionadas con delitos. Las víctimas del terrorismo tienen reconocimiento y atención en Castilla y León y la red de protección a las familias se ha reforzado.

En julio de 2015 el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y los portavoces de PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos firmaron un acuerdo de comunidad en el que figura una reforma del Estatuto de Autonomía. Se hicieron propuestas y se creó un grupo de trabajo en las Cortes, que está paralizado desde mayo de 2016 por falta de consenso sobre lo que se quiere modificar.