La Junta ultima protocolo para la prevención y gestión de casos de covid-19 entre los temporeros

Está previsto que en el Consejo de Gobierno del próximo jueves apruebe ya un documento que permita adoptar las primeras decisiones y en el que se aclarará también el rango normativo que deben tener las medidas.

Según estas mismas fuentes, la Junta quiere actuar con «determinación y anticipación» en este asunto ante la situación creada en otras comunidades autónomas como Aragón y Cataluña por el movimiento de los temporeros que desarrollan su trabajo en verano. Para ello se ha creado un grupo de trabajo en el que participan las consejerías de Agricultura, Empleo, Fomento y Medio Ambiente, Sanidad y Familia, coordinadas por el consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, dado que recae sobre él la coordinación de las Delegaciones territoriales de la Junta, cuyos titulares también trabajan en la planificación sobre el terreno.

Según fuentes de la Consejería de la Presidencia, en este momento se están haciendo una labor de diagnóstico de la situación para identificar en cada una de las provincias el número previsible de temporeros que acudan, el momento y los municipios donde se asentarán. El objetivo es tener identificadas todas las cuadrillas y sus movimientos. Para ello, en cada provincia se ha creado también un grupo de trabajo específico con la participación de las consejerías implicadas y el delegado territorial.

En paralelo a estos grupos de trabajo, esta semana también se han convocado los centros de cooperación operativa/integrada (Cecopis) de cada provincia en los que participan también los subdelegados del Gobierno para coordinar actuaciones dada que también es necesaria la participación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. También, han sido informados los alcaldes y presidentes de las diputaciones afectadas.

A la vez que se efectúa este diagnóstico, el pasado jueves el Consejo de Gobierno decidió la elaboración de una documentación específica con actuaciones, medidas en este ámbito así como un estudio jurídico de las mismas, tarea que el consejero de la Presidencia ha encomendado a los secretarios generales de las consejerías implicadas.

Está previsto que este documento sea debatido el próximo jueves en Consejo de Gobierno y se adopten entonces las primeras medidas.