«Esperamos que se apruebe el toque de queda. Llevamos 22 días esperando nuevas medidas del Gobierno»

El toque de queda, cuyo horario deberá establecerse y que solo está en manos, legalmente, del Gobierno. Y que Castilla y León quiere fijar para toda la comunidad, a pesar de la diversidad de situaciones que se dan en un territorio tan peculiar como este. «Estamos en situación de transmisión comunitaria, se podría estudiar si hay excepciones, pero sería de aplicación a todo el territorio. Por eso se introducen en este documento indicadores para poblaciones grandes y también para menores de 5.000 habitantes», explicó la consejera de Sanidad.

Francisco Igea, consciente de que la medida puede ser impopular, especialmente en sectores como el ocio o la hostelería, fue contundente. «La Junta ha llegado a un acuerdo para solicitar al presidente del Gobierno el toque de queda como una medida restrictiva que hay que aprobar en el consejo interterritorial de salud, ante la evolución de la pandemia y el peligro del colapso sanitario», dijo. Y no se plantea que el Ministerio de Sanidad no haga caso a esta petición que ya han realizado otras comunidades autónomas. «Lo que queremos es el toque de queda. Entendemos que está fuera del marco legal ordinario y tendríamos problemas con los tribunales si lo imponemos desde la Junta, es el Gobierno quien debe tomar la decisión. Pero no podemos estar en este juego. Está muy claro lo que queremos. Lo que no queremos es jugar un día más a ver quién la lleva, sino que se trata de que haya medidas restrictivas o eficaces, y una de ellas es el toque de queda».

Si Ministerio y comunidades no llegaran a un acuerdo sobre los niveles y medidas, sobre ese semáforo que marcará qué se debe hacer en cada situación sin ninguna duda y con el suficiente respaldo legal, Castilla y León actuará «hasta donde le sea posible legalmente». «No contemplamos el escenario de que hoy no se tomen medidas, no contemplo que mi Gobierno siga con la actitud de poner en riesgo la vida de miles de personas. Si no se toman medidas, nuestra consideración sobre la acción del Gobierno cambiaría radicalmente, seguiríamos tomando decisiones restrictivas hasta donde nos permita la legislación», advirtió el vicepresidente de la Junta.

La reunión de esta tarde ha hecho que se posponga, de momento, el confinamiento perimetral que debía entrar en vigor esta noche en Ponferrada. Y es que todos los cierres -incluidos Salamanca o Burgos- están pendientes de lo que ocurra en el consejo interterritorial. «El toque de queda puede sustituir a esos confinamientos», señaló Igea. «Una de las cosas que vamos a valorar es si van a permanecer los confinamientos perimetrales o no, si hoy se toman las medidas que queremos que se tomen», aclaró.

«Toda Castilla y León está en riesgo extremo», quiso incidir el vicepresidente de la Junta. Por eso, ni él ni la consejera de Sanidad descartaron que, si no se imponen y acatan restricciones que frenen los contagios, haya que recurrir dentro de unas semanas a un nuevo confinamiento general en todo el país. «Si no hacemos lo que tenemos que hacer, la situación acabará como en marzo, sin dudarlo. Y no se puede engañar a la gente y decir que no haremos una cosa que nos veremos obligados a hacer, porque cuando los hospitales estén llenos y la gente se esté muriendo en los pasillos, habrá que hacerlo», zanjó.

El Consejo de Gobierno también ha aprobado este jueves el proyecto de decreto ley sobre medidas urgentes para reforzar el control y la sanción de las medidas covid por la que ha atribuido la condición de «autoridad sanitaria» al personal del Sacyl, para agilizar los procesos e imponer cuarentenas.

Como ha explicado el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, el personal del Sacyl, al convertirse en autoridad sanitaria, podrá imponer un aislamiento en el ejercicio de sus funciones si así lo determinara.

Además otro aspecto relevante abordado por la Junta con esta normativa es el reforzamiento de las atribuciones que ostentan, tanto los titulares de los servicios territoriales de Sanidad como del personal funcionario sanitario de los subgrupos A1 y A2 con funciones de control oficial, inspección y vigilancia epidemiológica, mediante el reconocimiento expreso de su condición de autoridad sanitaria.

Como ha incidido Igea esto se ha decretado a efectos de facilitar el ejercicio de sus funciones frente a la pandemia en las diferentes áreas de intervención en las que participan.

Este reconocimiento de la condición de autoridad sanitaria también se extiende a los profesionales sanitarios del sistema público de salud de Castilla y León, a los efectos exclusivamente de la prescripción de aislamientos y confinamientos domiciliarios y de las obligación que tienen los ciudadanos de cumplir con las medidas preventivas e aislamiento o cuarentena que les sean indicados parar frenar la transmisión comunitaria de la covid-19.