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La consejería de Transparencia de la Junta de Castilla y León ha instado a su homóloga de Economía y Empleo a revisar «la participación de los agentes sociales en el proceso de elaboración de las bases reguladoras de los procedimientos de subvención vinculadas a la ... formación, orientación e inserción profesional cuando aquellos participen como solicitantes, directamente o a través de sus entidades de formación vinculadas«.
Esta es la primera de las conclusiones de la Información reservada que ha realizado la Inspección General de Servicios de la Junta, en relación con las subvenciones de los programas de formación de desempleados y de orientación, formación e inserción profesional gestionadas por el Servicio Público de Empleo.
Según el vicepresidente de la Junta y titular del departamento de Transparencia, Francisco Igea, se ha constatado que «no se ha respetado la libre concucurrencia» y por ello entiende que «no es razonable» que participen de la redacción de las bases «quienes van a concurrir en ellas», como es el caso de los sindicatos.
Por este motivo, y según el Informe reservado, la consejería de Economía y Empleo debería «revisar las bases reguladoras de los procedimientos de subvención vinculadas a la formación, orientación e inserción profesional, desde el punto de vista del cumplimiento del principio de libre competencia, con especial atención a las características de los beneficiarios, a fin de que no se produzcan prácticas anticompetitivas, y a los criterios de valoración, de manera que se establezcan los necesarios y suficientes para cumplir la finalidad de la subvención sin ir más allá.
A este respecto, el vicepresidente de la Junta ha asegurado, en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno, que la Consejería de Empleo remitirá al juzgado toda la información que le ha solicitado así como el informe que ha firmado el departamento de Transparencia. «Nuestra confianza es absoluta en la justicia», ha insistido Francisco Igea, que ha anunciado que adaptarán las prácticas de concesión de las ayudas «a lo que dice el informe».
A fin de llevar a cabo esta revisión de las bases reguladoras, desde la Administración regional recuerdan que en el ámbito autonómico, el Tribunal para la Defensa de la Competencia de Castilla y León es el órgano colegiado que, con plena independencia y autonomía jerárquica y funcional, se encarga de velar por la defensa de la competencia frente a actos que la puedan alterar. Por lo que se recomienda contar para esta revisión con el Tribunal de Defensa de la Competencia de Castilla y León y, antes de que la Consejería de Empleo e Industria aprueba nuevas bases reguladoras de los procedimientos de subvención, sería conveniente solicitar consulta previa, a través de los cauces establecidos en la normativa reguladora de este órgano.
Esta tarde se reúne el consejero de Economía y Empleo, Germán Barrios, con los representantes de los sindicatos para explicarles los detalles del Informe.
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