La Junta recurrirá al Supremo y aprobará con un decreto el catálogo de puestos que anuló el TSJ

El vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, ha confirmado estas dos decisiones y aseguró que han mantenido ya los primeros contactos con los representantes de los sindicatos para elaborar ese decreto con un contenido «similar» al del catálogo aprobado en septiembre de 2017. Desde la Junta entienden que las dos sentencias contrarias (en sendos procesos promovidos por letrados y técnicos en salud laboral) emitidas por el TSJ sobre este instrumento clave para elaborar las actuales Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) y organizar el concurso de traslados actualmente en marcha se debe a cuestiones de forma y no de fondo. Todos estos instrumentos de gestión de los recursos humanos públicos afectan a más de 15.000 empleados de la Junta. No al personal laboral, sanitarios ni docentes.

Los magistrados del TSJ anulan el catálogo de puestos con dos argumentos: entiende que la Junta se ha saltado el procedimiento legal establecido para la tramitación de una herramienta que afecta a niveles y complementos y, por tanto, a las retribuciones y constata la «ausencia de informes y datos para poder entender justificada» la tipología de los puestos que establece.

La transformación en decreto conllevará un pronunciamiento de las distintas consejerías. El vicepresidente ha apuntado que están valorando si someterán el texto al análisis del Consejo Consultivo y que en caso de que lo consideren oportuno pedirán a este organismo que lo tramite y elabore de urgencia. El objetivo es agilizar las gestiones necesarias para que el decreto sobre el catálogo de puestos tipo de personal funcionario se publique en el Boletín Oficial de Castilla y León en febrero.

De Santiago-Juárez ha resaltado que el catálogo de puestos fue apoyado por cuatro de las cinco centrales sindicales que se sientan en los órganos de participación y ha asegurado que las sentencias dictadas por el TSJ «no entran en el fondo» del contenido al anularlo.

El vicepresidente considera que el fallo no afecta a la validez de procesos y regulaciones que han tomado como base ese catálogo, como son las relaciones de puestos de trabajo que estructuran las plantillas de las consejerías ni el concurso de traslados abierto y permanente para funcionarios que se puso en marcha en noviembre. «A día de hoy no paraliza nada», subraya José Antonio de Santiago-Juárez, que confía en culminar el concurso antes incluso del plazo máximo marcado para adjudicar las plazas, que es el próximo mes marzo.