La Junta recurre la fianza de 24 millones de euros impuesta por el juez de la trama eólica

La letrada de la Administración autonómica argumenta que el Gobierno de la comunidad goza de «las potestades y privilegios» de la Administración del Estado, entre ellos, «la exención de toda obligación de garantía o caución ante cualquier organismo administrativo o tribunal jurisdiccional». Para apoyar su negativa a prestar la fianza impuesta, se acoge al artículo 12 de la Ley de 27 de noviembre de 1997 de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas, en la que se establece que el Estado y las comunidades autónomas «están exentas de la obligación de constituir los depósitos, cauciones, consignaciones o cualquier otro tipo de garantía previsto en las leyes».

Otro de los argumentos con los que se pretende impugnar la decisión judicial es que «no es cuestionable la solvencia económica acreditada de las Administraciones públicas, de manera que no prestar fianza en este momento procesal, para el supuesto en que no la presten los acusados principales, no causará daño o perjuicio en el supuesto de que finalmente se dicte sentencia condenatoria».

En el caso de la Junta, argumenta el servicio jurídico, tampoco cabría el embargo de bienes según la Ley de Patrimonio de las Administraciones públicas de 2003 porque «los bienes y derechos de dominio público o demaniales son inalienables, imprescindibles e inembargables». Además, subraya, según la Ley de 2006 de Hacienda y Sector Público de Castilla y León, «no podrán ser objeto de embargo ni de ejecución los bienes y derechos patrimoniales cuando se encuentren materialmente afectados a un servicio o función pública».

Tras el auto de apertura de juicio oral de la denominada trama eólica del 17 de noviembre de 2021, que encausa a 17 excargos de la Junta y empresarios como presuntos autores de delitos de corrupción vinculados a las autorizaciones de parques eólicos en Castilla y León entre 2003 y 2011, el Juzgado de Instrucción 4 de Valladolid ha admitido a trámite los recursos de reposición a las fianzas millonarias establecidas para garantizar, en este caso, las multas que se les pudiera imponer en la futura sentencia. Recurrido los hermanos Patricio, Alejandro y Miguel Ángel Llorente, Carlos Galdón Cabrera y los directivos de Iberdrola vinculados a las energías renovables Pedro Barriuso Otaola, Rafael Icaza de la Sota y Ricardo Bravo Sayas. Para cada uno de los empresarios del Grupo Collosa la fianza estipulada es de 9,1 millones de euros, mientras que para cada uno de los directivos de la multinacional de la energía las cuantías establecidas son de 130 millones. Para Carlos Cabrera Galdón, que fue administrador único de Avanzalia Solar, una de las empresas de la trama, la fianza en está en 93.600 euros.

La defensa de los Llorente impugnó el auto porque «no está motivada ni la fianza ni su importe», teniendo en cuenta que «la medida cautelar, por su cuantía, aún habiendo sido rebajada sustancialmente con respecto a la petición del ministerio fiscal, resulta de una gravedad extrema con consecuencias devastadoras para la economía y vida diaria de mis representados». Por eso pide que se revoque la fianza y se quede sin efecto.

El letrado de Cabrera apeló con similares argumentos de falta de motivación y alega «indefensión» de su cliente, al igual que los abogados de Barriuso, Icaza de la Sota y Bravo, que consideranu las cuantías « absolutamente desproporcionadas y arbitrarias, con amenaza de embargo de bienes en caso de no prestarla».

Quien no ha recurrido es el principal encausado, el exviceconsejero de Economía Rafael Delgado, que se enfrenta a 42 años de prisión. Se le pide una fianza de 342,6 millones «a la que no puede hacer frente porque tiene todos los bienes embargados con anterioridad por el caso Perla Negra», indicaron desde su defensa letrada. Tampoco recurrirá Francisco Esgueva, uno de los empresarios que también está acusado en el procedimiento del edificio de la Junta en Arroyo de la Encomienda y la promoción del parque empresarial fallido en terrenos de Portillo (Valladolid).