La Junta reclama más fondos al Gobierno si se produce un recorte de la PAC

Consciente de que la decisión final le corresponde a la Comisión Europea, la consejera llegó a Madrid con otras «alternativas» para garantizarse ese mismo objetivo. De hecho, insistió a Planas en «que sea el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el que defienda la financiación y una mayor aportación de los Estados miembros a los fondos comunitarios de tal modo que, en caso de pérdida, se pueda compensar» con la aportación nacional. Según Marcos, no está planteando «nada nuevo» puesto que «Mariano Rajoy ya se comprometió a ello». En caso de no alcanzarse este compromiso de una mayor aportación por parte de todos los Estados miembros, Marcos propuso ayer al ministro que se cree un Fondo de Garantía Estatal a través del cual se «garanticen las fondos de desarrollo rural», sobre los que amenaza un recorte del 15% en el presupuesto, según el borrador presentado por la Comisión Europea.

En ese capítulo del desarrollo rural se incluyen las modernizaciones, la incorporación de jóvenes o las medidas para el sector agroalimentario. «No podemos tener a los agricultores y ganaderos permanentemente pendientes de si contarán con financiación o no; ellos tienen que seguir invirtiendo pero con la garantía de que van a tener la financiación necesaria», remarcó. Tal y como está planteada la PAC para el periodo 2021-2027, Castilla y León dejaría de recibir cada año, alrededor de 53 millones de euros.«Descender al detalle»

Después de tantos meses trabajando a nivel interno y poniéndolo en común entre las administraciones, la consejera entiende que ha llegado el momento de «descender al detalle», es decir, «dejar atrás las declaraciones de intenciones y plantear modificaciones a las propuestas de reglamento que en estos momentos están sobre la mesa». Europa marcará unos objetivos que los Estados miembros tendrán que aplicar a través de unos planes estratégicos, cada uno adaptándolos a su realidad, por eso desde Castilla y León se insiste en la necesidad de velar por « un equitativo nivel de exigencia» para evitar la temida renacionalización y la competencia entre Estados e incluso regiones, si se descendiera a ese nivel en los denominados planes estratégicos.

Para Marcos, otra de las «prioridades» es la defensa de sectores sensibles como la ganadería extensiva o determinados cultivos que «generan empleo en la comunidad», como la remolacha o la proteína vegetal. Para ello, la consejera solicitó al ministro la ampliación hasta el 15% de la financiación de las ayudas directas que estén vinculadas a la producción. Incidió además en un mayor apoyo a la incorporación de jóvenes agricultores y para eso sería necesario incrementar la cofinanciación prevista.

En lo que respecta a la contribución de la PAC a los objetivos de medio ambiente y cambio climático Marcos pretende que los reglamentos tengan en cuenta «las medidas inversoras en explotaciones agrarias, infraestructuras y en industria agroalimentaria, que tengan efectos positivos en el medio ambiente y en el clima, para computar en estos objetivos específicos». Por último, desde la comunidad se entiende que la actual propuesta de la Comisión «ha vuelto a alejarse» de la simplificación. Las comunidades pueden hacer propuestas al Gobierno hasta el 8 de octubre.

La consejera y el ministro también abordaron la modernización de regadíos como segundo punto fuerte de su reunión. «Necesitábamos conocer el compromiso del Ministerio», expuso Marcos, en relación al Convenio Marco de Colaboración que se firmó en mayo de 2017 entre las dos administraciones para la ejecución de 18 actuaciones de modernización de regadíos en las provincias de León, Valladolid, Palencia, Soria y Salamanca, con un presupuesto total estimado de casi 210 millones de euros. El ministro Luis Planas ratificó en un comunicado remitido a la prensa «el compromiso del Ministerio para seguir adelante con este convenio, del que ya se han programado obras por un importe de 97,4 millones de euros».

Respecto a las modernizaciones, desde la Junta se considera «urgente» que el Estado afronte ya este año las que afectan a las comunidades de regantes del Canal de Pollos y del Canal de Castronuño, en Valladolid; del Páramo Bajo sector VII y del Canal del Páramo sectores IV y VI, en León; del Canal de Zorita, en Salamanca; y del Canal del Pisuerga, en Santoyo (Palencia).En lo que tiene que ver con los nuevos regadíos, las inversiones del Estado que se están llevando a cabo en Payuelos (León) y La Armuña (Salamanca) «deben agilizarse», en opinión de la Consejería.

Asimismo, la máxima representante de la región en materia agrícola y ganadera entregó al ministro la planificación de obras de regadío en Castilla y León en las que se prevé que participe el Estado una vez que se han aprobado los Presupuestos de 2019.