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La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, expresó hoy el malestar de la Junta con el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, por el reparto de los fondos del IRPF para el llamado tercer sector, las ONG y entidades sociales. A ... su juicio «no es justo» que Castilla y León vaya a recibir 20,2 millones de euros, con una subida de solo el 1,2% frente al diez por ciento que aumenta para otras comunidades como Extremadura, Castilla-La Mancha, Asturias y la Comunidad Valenciana.
«El año pasado los fondos que se destinaron a Castilla y León no subieron y este año suben un 1,2%. Entendemos que no es justo para Castilla y León», dijo la consejera en Madrid, con motivo del Pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia. A su juicio, añadió, «si ha habido un incremento de la recaudación» en la casilla del 0,7 por ciento del IRPF para las entidades sociales, no se entiende que comunidades como «Asturias, Castilla-La Mancha, Extremadura o Valencia se lleven el 10% y Castilla y León simplemente crezca el mínimo, que es el 1,2 por ciento», informa Ical.
Blanco aseguró que esa discrepancia les forzaba a plantear una «abstención muy crítica» en la votación sobre esta medida planteada por el Ministerio que demuestra, dijo en tono irónico, «la apuesta y la prioridad de este gobierno con Castilla y León». En este punto reclamó «criterios objetivos» al Ministerio para decidir una aumento de fondos «proporcional» y no de la forma «arbitraria « con la que se ha hecho. «El dinero no es para la Junta de Castilla y León, sino para los proyectos que desarrollan las entidades del tercer sector, para Cáritas, para Cruz Roja, para el CERMI», explicó. «Nos parece bien que suba algo la cantidad, pero queremos subir en la misma proporción que suben otras comunidades», remarcó una vez más.
Otra de las discrepancias en este punto es «el tiempo» en el que se aprueban y distribuyen los fondos, que ha obligado a la Junta a «adelantar» el dinero que se destina a los proyectos de las ONG porque, dijo, «las entidades del tercer sector no pueden esperar hasta octubre para saber si tienen fondos y de qué fondos disponen». En todo caso, aseveró, «Castilla y León ha sido responsable, hizo la convocatoria y ha adelantado los fondos».
La consejera también se mostró crítica con la forma en la que se ha aprobado el Plan Nacional de Alzheimer en el Pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia. Y es que es «un punto que se ha metido última hora», que tiene «mucha letra» pero sin «números» que lo acompañen. «No puede ser que el Ministerio decida qué actuaciones se realizan y que las comunidades paguen», espetó. «Es un plan que tiene mucha letra, letra que no ha sido consensuada con las comunidades autónomas qué son las que al final prestan estos servicios, pero no tiene números, no viene una memoria económica, no tiene un plan financiero para su aplicación», se quejó Blanco.
Po último, la consejera también criticó la ausencia en el orden de día de un asunto importante como a su juicio es el de «la financiación de la dependencia». Según dijo, la ley establece que el Estado pague el 50% y las Comunidades el otro 50, si bien «ahora mismo» Castilla y León financia «casi un 78%». Por eso, añadió, quería que este asunto llegara al Consejo Territorial. «Es aquí donde se tiene que debatir y donde se tiene que poner ese dinero encima de la mesa».
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