La Junta publicará el contenido íntegro de todos los acuerdos adoptados en el Consejo de Gobierno

El anuncio fue saludado positivamente por los portavoces de PSOE y Podemos. «Quiero reconocerle que es un pequeño avance el anuncio que ha hecho usted con respecto a los acuerdos del Consejo de Gobierno. Pero no es porque hayan querido, sino porque, ante los errores cometidos, no les queda otra. No puede ser que el portavoz se equivoque o no quiera decir algo un día... Usted, como secretario del Consejo de Gobierno, tenía que poner orden», señaló el procurador socialista Luis Briones.

«Me parece que está bien, me alegro de estas buenas noticias, pero creo que es importante establecer que la transparencia no es solo un cumplimiento legal, sino una cuestión que hay que interiorizar. Durante muchos años en este país ha habido una opacidad increíble y solo cuando determinados partidos políticos han empezado a entrar en las instituciones y cuando la ciudadanía ha salido a la calle, es cuando se ha empezado a poner de manifiesto que era necesaria la transparencia», apuntó Laura Domínguez, procuradora de Podemos en representación del Grupo Mixto.

El anuncio efectuado por el consejero Ángel Ibáñez le concedió una mínima tregua en un larga comparecencia solicitada por el grupo socialista para pedirle explicaciones sobre el aumento de personal eventual en la Junta de Castilla y León. Ibáñez recordó que la Junta cuenta con un total de 86.085 empleados en nómina, de los cuales solo 34 son personal eventual. «Esto supone el 0,05% del total. Quizás es momento de dejar de focalizar tanto esfuerzo en en este asunto de los eventuales...», deslizó el consejero de Presidencia.

Sin embargo, los grupos de la oposición no estaban dispuestos a dejar pasar la oportunidad de recordar a Ibáñez el aumento de este tipo de contrataciones y el coste que supondrá para la Junta. El socialista Luis Briones cifró en 165 «las personas que ocupan puestos de gobierno, altos cargos y asesores de confianza, con sueldos astronómicos». «La cantidad que va a pagar la Junta a esos 165 enchufados va a ser de 8,7 millones al año, es decir 30 millones de euros en la legislatura. Es un disparate y un escándalo», criticó.

Briones subrayó que nombramientos como los de Ignacio Cosidó o Esther Muñoz convierten a Castilla y León «en una agencia de colocación para derrotados de PP y Ciudadanos». «¿Justifica, señor Ibáñez, lo que van a hacer 14 asesores contratados a dedo?», inquirió. Briones recordó que Ignacio Cosidó se jactó en su momento de controlar «desde atrás» el Consejo del Poder Judicial en un whatsapp dirigido a cargos del PP y que al exsenador popular y exjefe de la Policía se le vincula también «con las cloacas del Estado». «Este angelito cobrará 54.000 euros al año por no hacer nada».

Laura Domínguez criticó «la falta de transparencia para la contratación de 14 eventuales y de manera generalizada» en otros asuntos. La procuradora de Podemos cuestionó la «higiene democrática» de nombramientos como los de Ignacio Cosidó o Esther Muñoz, y de esta última recordó sus polémicas declaraciones sobre la memoria histórica, una ley que consideró que solo servía «para desenterrar unos huesos» y «crear una verdad de Estado». «Esta señora podría pertenecer a Vox», resumió Domínguez.

En su turno de réplica, Ángel Ibáñez comparó la cifra de los 34 trabajadores eventuales de la Junta (que pueden incrementarse hasta los 44) con las de otras comunidades autónomas. Así, señaló que en Aragón son 44, en Asturias 31, en Baleares 69, en Canarias 61, en Castilla-La Mancha 64, en Cataluña 154, en Valencia 114, en Extremadura 98, en Galicia 45, en la Rioja 58, en Madrid 260, en Melilla 35, en Murcia 41 y en el País Vasco 85. Y defendió que «en todos los gobiernos de coalición el número de altos cargos y eventuales» ha subido, al igual que sucede en Castilla y León. «Aquí el incremento ha sido de 15 personas. Se puede criticar, pero está por debajo de lo que han hecho otras comunidades autónomas».

Ibáñez replicó a Briones que no debería llamar «enchufados» a las personas contratados por la Junta, ya que en Aragón todos los cargos del gobierno autonómico están vinculados a los partidos que sustentan ese ejecutivo. Además, defendió el currículum de Ignacio Cosidó como asesor del presidente Mañueco. «Le insto a que me traigan un currículum mejor. Cumple perfectamente con lo necesario para estas labores». Sobre Esther Muñoz, se remitió a las aclaraciones que efectuó tras sus polémicas declaraciones, en el sentido de que no se refería a exhumaciones de víctimas de la Guerra Civil sino «a los huesos del dictador Franco que han sido exhumados recientemente». «Esta persona aprobó en el Senado una propuesta para facilitar las exhumaciones solicitadas en el cementerio público del Valle de los Caídos», apuntó.

Ángel Ibáñez defendió el aumento de personal eventual de la Junta para atender «las demandas de los medios en aras de obtener información». «Tanto formal como materialmente, su presencia está perfectamente justificada. Su número está ajustado a las necesidades del ejecutivo y representa una ínfima proporción respecto al total de efectivos de la Junta. Hay poco recorrido para el reproche».

Ciudadanos y PP respaldaron las palabras del consejero de Presidencia. María Montero, procuradora de Cs, argumentó que los «puestos de eventuales son necesarios para el correcto funcionamiento de la administración, aunque hayan aumentado» y remarcó que se han reducido los «gastos superfluos de la Junta». Esta referencia fue matizada después de que Laura Domínguez le recordase que ha aumentado «un 15% las retribuciones de manera global como señaló el vicepresidente Igea». «He dicho que la ley de altos cargos exige que el gasto sea menor, no que se haya reducido. Llevamos tres meses gobernando esta comunidad. Igual cuando acabe la legislatura se ha reducido el gasto...», replicó Montero.

Leticia García, procuradora del PP, incidió en el carácter legal de la contratación de eventuales y recordó el «poder discrecional legítimo» de las administraciones para labores de asesoramiento. «La arbitrariedad sería otra cosa, pero los nombramientos se han basado en criterios objetivos. Son personas que han demostrado su valía y es un mérito valorado por quien ahora los nombra».