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Un único contrato autonómico permitirá ampliar la calidad del servicio de teleasistencia y, previsiblemente, acabar con las diferencias en atención y tarifas de una prestación que contratan por separado los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y las diputaciones.
Alfonso Fernández Mañueco, presidente de ... la Junta de Castilla y León, anunció, en Zamora, que «la nueva teleasistencia» que incorpora servicios como detectores de humo, de movimiento y caídas, imprescindibles para atender a personas que viven en soledad, será gratuita para los usuarios con dependencia. Un compromiso que su consejera de Familia e Igualdad, Isabel Blanco, ubicó en la recta final de 2021, porque la tramitación de los cambios necesarios «será larga».
«En vez de 24 contratos independientes habrá un único contrato y una única plataforma (informática de gestión)», explicó Blanco. La consejera señaló que deberán finalizar los contratos vigentes y que «no se trata simplemente de cambiar un aparato de un botón por otro. Habrá que ir poco a poco». Precisó que el día a día de esta prestación seguirá en manos de ayuntamientos y diputaciones.
La atención «avanzada» en teleasistencia requiere de las nuevas tecnologías. Permite un servicio «proactivo» que supera al tradicional mecanismo de respuesta ante una llamada de un usuario, apuntó el presidente. A esos detectores de movimiento o humo, se suma la gestión y el seguimiento de citas médicas, por ejemplo. Fernández Mañueco subrayó que «la teleasistencia avanzada va a garantizar el salvamento de muchas vidas».
La teleasistencia en Castilla yLeón llegó a 37.889 personas (son datos de 2019 facilitados por la Junta), de los que 13.825 tenían reconocido algún grado de dependencia.
Entidades como el Procurador delComún han recomendado reiteradamente unificar criterios y tarifas de teleasistencia y ayuda a domicilio, dispares en función de la provincia o el municipio de residencia del usuario.
La Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales llamó la atención a finales de 2017 a la Junta y a los ayuntamientos y diputaciones que prestan este servicio por la baja cobertura en una comunidad «con una tasa tan alta de envejecimiento y un hábitat tan disperso». Según esta asociación profesional, la tasa de beneficiarios de esta prestación era del 3,66% entre los mayores de 65 años, cuando la media nacional de usuarios de teleasistencia entre los que sobrepasaban la edad de jubilación se situaba en el 8,89%.
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