La Junta ve posible realizar ya controles excepcionales del lobo al norte del Duero

La Junta ve posible realizar ya controles «excepcionales» del lobo al norte del río Duero, tras la publicación hoy de la Ley 1/2025 de Desperdicio Alimentario, en la que se incluye el precepto por el que este animal se excluye del LESPRE en esa parte del territorio de la Comunidad, explicaron fuentes consultadas por Ical.

En cualquier caso, y mientras no se revise por parte del Gobierno de España el informe sexenal de seguimiento de la Directiva hábitat, que se realizará en julio de este año 2025, «los controles tendrán que ser excepcionales y limitados». «La toma de decisiones generales ordinarias sobre el control exigirá la emisión del informe del estado de conservación de la especie que el Gobierno de España, ha de remitir en los próximos meses a Bruselas», indicaron.

La publicación de la normativa en el BOE permitirá, según las mismas fuentes, aplicar, sin las limitaciones actuales, la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que establece en su artículo 61 que las prohibiciones establecidas en la misma podrán quedar sin efecto, previa autorización administrativa si no hubiere otra solución satisfactoria, y sin que ello suponga perjudicar el mantenimiento en un estado de conservación favorable de las poblaciones de que se trate, en su área de distribución natural, para prevenir perjuicios importantes a los cultivos, el ganado, los bosques, la pesca y la calidad de las aguas.

Noticias relacionadas

Pacma se concentrará en Valladolid contra la caza del lobo al norte del Duero

Los ganaderos aplauden el control del lobo, mientras los ecologistas ven una oportunidad perdida

Segovia concentra el 20% de los ataques de lobo en la región tras duplicarse las manadas

Estas limitaciones, que a partir de la entrada en vigor de mencionada Ley 1/2025 desaparecerán al norte del rio Duero, se encuentran en la Orden TED/980/2021, de 20 de septiembre, por la que se modificó el Anexo del Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección y del Catálogo Español de Especies Amenazadas, que contiene en su disposición adicional primera unos requisitos, que de facto han impedido desde la publicación de dicha Orden la realización de controles poblacionales de la especie.

El Gobierno de España remitió en el último informe sexenal en el año 2019, «sin considerar» la información de las comunidades autónomas, una información a la Comisión en la que le trasladaba que el estado de conservación de la especie era desfavorable en toda la población española.

Advertidos por la Junta de Castilla y León y otros gobiernos autonómicos el ministerio y la Comisión de los «errores» de ese informe de 2019, y a la vista del censo nacional que tiene que elaborarse en 2025 a partir de los censos de las comunidades autónomas, «no parece posible otra decisión que la rectificación de esta situación en el nuevo informe sexenal, con lo que el lobo se tendría que considerar en un estado de conservación favorable», comentaron las mismas fuentes del Ejecutivo autonómico. Desde Castilla y León se remitió en tiempo y forma el 17 de enero de 2025 tanto la información detallada del censo como la evaluación del estado de conservación de la especie en la Comunidad, que «evidentemente resulta ser claramente favorable».

Además, la ley 1/2025 de Desperdicio Alimentario también incluye una disposición para que este informe sexenal tenga que remitirse previa aprobación de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, órgano en el que se integran el gobierno de España y las Comunidades Autónomas, lo que «garantizará que la información remitida por el ministerio a la Comisión sobre el seguimiento sexenal de la Directiva hábitat, se ajuste, esta vez, a la realidad».

Desde la Junta de Castilla y León, atendiendo al nuevo censo y a la evolución de los ataques al ganado, se planificarán las actuaciones necesarias para reducir los daños sobre la ganadería, para ello «se trabajará en incentivar las medidas preventivas sobre la especie, en la compensación justa y rápida a los ganaderos y también en el control de los ejemplares que, a pesar de las medidas preventivas tomadas, sigan causando daños, o bien, en aquellas explotaciones donde no sean viables las medidas preventivas conocidas», destacaron desde el Gobierno autonómico a Ical.

Las mismas fuentes incidieron en que la Junta de Castilla y León «no busca que el lobo sea una especie cinegética convencional, sino que se puedan establecer controles sobre la misma que ayuden a recudir los daños y por tanto a recuperar el equilibrio entre conservación del lobo y de la ganadería».

Por otro lado, las compensaciones por los daños seguirán siendo asumidas por la Administración, y para ello se contará tanto con el personal de la Administración, agentes medioambientales, celadores de medio ambiente y técnicos, como con los cazadores locales para «facilitar la ejecución de las decisiones de reducción de daños».