La Junta pide prisión en el caso Perla Negra para dos exviceconsejeros del PP

El resto de penas solicitadas se reparten entre los seis empresarios que supuestamente se beneficiaron de las operaciones de compra del edificio de Arroyo de la Encomienda, conocido como Perla Negra, y del cambio de manos de las parcelas de Portillo.

Respecto al edificio de Arroyo, los Servicios Jurídicos de la Junta acusan a los exviceconsejeros Rafael Delgado y Begoña Hernández, así como al promotor Germán Martín Giraldo, de Urban Proyecta, porque, supuestamente, intercambiaron información privilegiada previa para favorecer a la empresa que luego sería la arrendadora, así como por irregularidades en el previo alquiler que se formalizó, por los costes y repercusión de diversas modificaciones estructurales realizadas en el edificio durante el arrendamiento, y por la asunción por ADE de los gastos financieros previos de préstamos solicitados por Urban para hacer el edificio.

Sobre la compra de parcelas en Portillo, la Junta acusa a Martín Giraldo, Ángel Montes, Carlos González Maestro, Luis Ángel Rodríguez, Luis Antonio Recio y Francisco Esgueva por irregularidades al crear al menos tres empresas privadas para propiciar presuntamente ventas en cascada de los terrenos «con un incremento injustificado y sucesivo» de su coste hasta que los adquirió ADE; por gastos de urbanización del polígono que no le correspondía abonar a la empresa pública; por una transferencia efectuada por ella «sin concepto y sin justificar», y por los gastos financieros asumidos por ADE para poder realizar toda la operación de compra de terrenos, «que nunca debió soportar de haber adquirido directamente los mismos».

El procedimiento judicial penal se inició en el Juzgado de Instrucción 2 de Valladolid en 2013, a raíz de una denuncia de la Fiscalía. El Gobierno regional, que al principio decidió no acusar ni aceptar el ofrecimiento de acciones como perjudicado, entró en el procedimiento tres años más tarde, al comprobar, tras una investigación interna, la adjudicación a dedo por 4,4 millones de euros del amueblamiento interior y señalética del edificio Perla Negra a la empresa Unifica, que aparece en los 'papeles' de Bárcenas y que amuebló la sede nacional del Partido Popular en Génova. El juez desestimó que se abriera una pieza separada y en mayo de 2016 los Servicios Jurídicos solicitaron la personación en la causa compleja. Hoy formularon las conclusiones provisionales de acusación, en cumplimiento del auto de apertura de juicio oral dictado por el magistrado instructor en febrero de 2019 y ratificado recientemente por la Audiencia de Valladolid.

El director de los Servicios Jurídicos, Luis Miguel González Gago, explicó ayer, en un comunicado, que «las presuntas actuaciones ilícitas las han cometido solo dos personas del sector público y a título personal, en ningún caso como altos cargos de la Junta de Castilla y León, sino como cargos directivos de una empresa pública».