La Junta paraliza la supresión del Impuesto de Sucesiones y comparte el «disgusto» del empresariado ante la medida

El pacto para la reconstrucción social y económica de Castilla y León incluye entre sus 86 medidas la marcha atrás en la supresión que PP y Cs planificaban sobre el Impuesto de Sucesiones y Donaciones para las herencias más cuantiosas (por encima de 400.000 euros por heredero) para cónyuges y padres e hijos. Por debajo de esos 400.000 no se paga con ese grado de parentesco y el resto de casos pasan religiosamente por la sección de recaudación de tributos de la Hacienda autonómica.

La medida estaba a falta solamente de votación en el pleno de las Cortes e iba a ser incluida en la sesión que se suspendió el 17 de marzo, aunque ya en las primeras semanas de la crisis de la covid-19, antes de plantear la negociación del pacto autonómico, dirigentes de Cs y del PP en las Cortes y el propio consejero de Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, habían señalado que frenarían el trámite de la medida a la espera de ver la evolución de la recaudación tributaria.

Igea ha vuelto a enmarcar la iniciativa entre las cesiones que PP y Cs han realizado para alcanzar el acuerdo con PSOE, principalmente, y también con Podemos para orientar la gestión autonómica tras la covid-19. El vicepresidente ha explicado que era el punto «intermedio» entre «quienes quieren bajar impuestos y quienes defienden subirlos».

«La supresión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones sigue siendo un objetivo de este Gobierno, hemos suspendido la tramitación, pero no hemos cambiado de opinión», ha argumentado el dirigente de la Junta. Francisco Igea ha valorado especialmente el «compromiso» social que integrantes de la Asociación de Empresa Familiar han demostrado durante la pandemia en Castilla y León.

El portavoz ha avanzado que van a analizar el comportamiento de la economía y el empleo y que futuras decisiones autonómicas sobre este tributo dependerán también de las medidas que tome el Gobierno de Pedro Sánchez para evitar la competencia fiscal entre comunidades autónomas. El Impuesto de Sucesiones y Donaciones, de tramitación autonómica, es uno de los que más tensión tributaria genera entre regiones, con diferencias muy notables entre unas autonomías y otras. En el caso de Castilla y León, el territorio que más se puede beneficiar de ese 'dumping' fiscal es Madrid.

El vicepresidente ha abordado el hecho de que los procuradores de UPL y de Vox se hayan quedado fuera del pacto y ha considerado una incongruencia que en un momento de «patriotismo» se mantengan al margen fuerzas que hacen bandera de él. «Es una pena», ha manifestado el portavoz de la Junta, al considerar que los ciudadanos no deben entender el hecho de que ni siquiera en un momento como este los políticos sean capaces de ponerse de acuerdo.

Francisco Igea ha afirmado que él habló personalmente con los responsables de las dos formaciones y ha apuntado que la decisión de no firmar el acuerdo fue dictada en Madrid, por dirigentes nacionales. Una situación solo puede aplicarse a Vox, no a UPL.