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La consejera de Familia e Igualdad, Isabel Blanco, ha avanzado tras el Consejo de Gobierno de este jueves que la Junta levanta la restricciones que las personas que no tenían reconocida una situación de dependencia o no atravesaban una situación de prioridad social o desamparo ... afrontaban para ingresar en una residencia de mayores. Esto dejaba fuera a personas que optaban por trasladarse a una residencia al enviudar, para combatir la soledad, o que valoraban el ingreso temporal para reponerse de una operación quirúrgica o durante una convalecencia o un tratamiento sanitario.
«Se permite ya todo tipo de ingresos», ha precisado la consejera, que ha añadido que el Ministerio de Sanidad no obliga a que los recién llegados entren vacunados frente a la covid-19 en las residencias, pero que en Castilla y León la Consejería de Sanidad sí está propiciando que todos los recién llegados tengan puesta «al menos la primera dosis» de la vacuna antes de ingresar. Argumentaba que las restricciones se habían implantado en noviembre para intentar evitar que el coronavirus entrara en los centros, cuando no había previsión de vacunación en el calendario y que el proceso de inmunización había convertido estas instalaciones en espacios seguros para personas que necesitaban una atención o no quería vivir solas en su casa.
Era una demanda que en las últimas semanas habían trasladado tanto a la Administración autonómica como a la opinión pública titulares de estos centros y dirigente de la oposición, concretamente de Por Ávila y el PSOE, puesto que esas limitaciones y el volumen de plazas vacantes estaban provocando un estrangulamiento económico de los centros residenciales con repercusión en despidos y ajustes de jornada en las plantillas.
La consejera ha informado de que en las residencias de mayores de Castilla y León viven en la actualidad 35.754 personas y que 34.845 están vacunadas. Más del 97%. A eso se suma que casi el 90% de los 24.655 trabajadores que les atienden también están inmunizados. Castilla y León cuenta con una red residencial de 48.296 plazas, según el informe elaborado por la Junta para analizar la respuesta a la pandemia, que la consejería hizo público en septiembre. A tenor de la cifra de plazas ocupadas facilitada por Isabel Blanco, habría en estos momentos casi 12.500 sin ocupar.
La consejera ha defendido que el gobierno autonómico se ha guiado por la «prudencia» en la toma de decisiones y que ha ido flexibilizando poco a poco las condiciones de acceso a los centros hasta llega a la liberalización que permite, «con todo el cuidado» y siguiendo los «protocolos», la situación de inmunización de usuarios y plantillas de estos centros.
Blanco ha resaltado que es el momento de ir «normalizando» la situación cotidiana de las residencias de mayores, al tiempo que ha asegurado que la Junta ha empezado a llamar a las personas en lista de espera para ofrecerles las plazas residenciales y que se están produciendo rechazos, que ha atribuido al miedo por las secuelas de una pandemia que ha sido muy dura con las personas mayores y con los centros residenciales.
La práctica universalización de la vacunación entre trabajadores y usuarios lleva a Familia a eliminar también el requisito de que los grupos burbuja de los centros de día no superasen las cinco personas. Isabel Blanco ha diferenciado los centros de día respecto de los centro sociales de mayores. Los primeros prestan un servicio de atención terapéutica para personas en su mayor parte con situación de dependencia y un alto grado de vacunación y los otros son más generalistas, en servicios y usuarios que acceden. A ello se suma un grado de vacunación más reducido entre los mayores de 60 y 70 años que no están institucionalizados ni tienen una situación personal de riesgo o que priorice su inmunización por una mayor vulnerabilidad.
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