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Castilla y León cambiará el modelo de asistencia a mayores y personas con dependencia o discapacidad cuando la covid-19 pliegue velas. Lo avanzó hoy, en un inusual pleno de las Cortes, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. El hemiciclo acogió a 21 ... procuradores y los que restan hasta 81 siguieron el debate desde el confinamiento, en sus casas. Fernández Mañueco reconoció que el virus está siendo «especialmente cruel» con los mayores que viven en estos centros y avanzó que es necesario extraer «enseñanzas».
El presidente habló de «reforzar la atención» y ofreció a la oposición una mesa para sentarse a repensar el nuevo modelo. La Junta había redactado un borrador normativo, después de que el Tribunal Superior de Justicia haya anulado dos decretos autonómicos de 2016 y 2017 para regular estos centros. La covid-19 y los 2.186 muertos con confirmación de infección o síntomas compatibles en las residencias de Castilla yLeón, según datos oficiales de ayer, acaban de convertirlo en papel mojado.
El presidente insistió en que han controlado –«monitorizado»– a diario más de 1.200 residencias y viviendas tuteladas y avanzó que la nueva regulación implicará cambios: menos habitaciones compartidas, equipos de protección en los centros, mayor formación de los directivos y la obligación de contar con programas informáticos que permitan conocer datos de funcionamiento en tiempo real, entre otros.
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Fernández Mañueco pidió disculpas a los ciudadanos por los posibles fallos en la gestión de esta crisis. «Cuando se toman tantas decisiones en momentos de incertidumbre es difícil acertar siempre en todas. Nadie es infalible. Y, desde la humildad, pido disculpas por las decisiones que no hayan sido acertadas. Todo esfuerzo humano parece insuficiente ante una gran catástrofe», manifestó el presidente, que defendió la gestión del Gobierno de coalición que preside, alabó la coordinación con el Gobierno central y el diálogo permanente con un amplio número de organismos y asociaciones a través de teleconferencias diarias.
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Mañueco, que aseguró que la comunidad puede haber superado el pico de contagios, demando del Gobierno central pruebas de diagnóstico en cantidad suficiente como para agilizar la desescalada del confinamiento y fondos no reembolsables que se repartan con «criterios objetivos», no por población pura y dura. En el último recuento del INE, de esta semana, Castilla yLeón volvía a ser la que más perdía: la comunidad baja de los 2,4 millones. «Pedir que no de detraigan fondos y que lleguen test y material no se puede entender como crítica desleal», justificó.
«Esto es una desgracia», llegó a definir Fernández Mañueco en el debate con los portavoces de los grupos. Más conciliador con el socialista Luis Tudanca y más duro con Pablo Fernández, de Podemos, que también lo fue con el popular. Fue un debate en el que Mañueco ofreció el guante de seda en el trato con el Gobierno de Pedro Sánchez y el portavoz del PP, Raúl de la Hoz, se empleó con el guante de hierro. «¿A quién hago caso? Al Mañueco presidente de la Junta o al Mañueco presidente del PP que habla por el portavoz», reprochó Luis Tudanca.
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El presidente de la Junta enumeró las propuestas que desde Castilla yLeón trasladaron a La Moncloa, como el cierre de actividad no esencial, el permiso laboral retribuido y la apertura de un corredor aéreo con China, «que nos hubiera ahorrado costes en el transporte de material». De los suministros de equipos de protección, el dirigente regional resaltó que el 80% de lo empleado en Castilla y León lo ha abonado la Junta: 49 millones de unidades. «Un esfuerzo ingente», matizó.
Mañueco insistió en que «una buena desescalada requiere que se generalicen los test» e identificar a las personas que hayan desarrollado la inmunidad. «No podemos tener 17 criterios distintos», remarcó. Por eso planteó lo que quieren él y «todos» del Ejecutivo de Sánchez, que es «planificación y que cuenta con ideas claras». Y a eso contribuirá, añadió el popular, la labor de asesoramiento de Francisco Igea, vicepresidente de la Junta, como experto de la comunidad en Madrid.
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Los procuradores de las Cortes, los 21 presentes apretando el botón verde desde su escaño y los que estaban en casa con voto telemático, aprobaron por unanimidad el Decreto-Ley con medidas de apoyo a empresarios, autónomos y trabajadores. El respaldo de la oposición no estuvo exento de críticas, centradas en la demora respecto a otras comunidades y la burocracia para solicitar las ayudas.
El presidente de la Junta agradeció el apoyo y adelantó que su Gobierno trabaja en triplicar los fondos de liquidez que ha habilitado para las empresas, «para evitar la destrucción del tejido productivo», y que habrá ayudas directas para 30.000 autónomos que capean el temporal de la covid-19 con escasos ingresos.
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«No podemos llamarles para jugarse la vida ayer, despedirles hoy y esperar que vuelvan mañana. Hay que pasar de los aplausos a los hechos», demandó Luis Tudanca a Alfonso Fernández Mañueco sobre los profesionales que combaten la covid-19 en primera línea, principalmente sanitarios.
El socialista atribuyó la profundidad de los efectos de la pandemia en las residencias de mayores, a diferencia de lo ocurrido con el sistema sanitario, al peso de los centros privados y a la falta de inspección de la Junta. «Claro que hay que hablar del modelo (de residencias de mayores), el modelo no ha aguantado», apuntó el socialista.
Luis Tudanca resaltó durante el debate que los servicios públicos hay que pagarlos y que se pagan con el dinero de la recaudación fiscal. «No es compatible perdonar impuestos a los que más tienen y defender los servicios públicos, no se puede renunciar a recaudar y pedir al Gobierno de España. No se puede», puntualizó el socialista. Tudanca reclamó «ambición» a Alfonso Fernández Mañueco ante los nuevos datos de pérdida de población. «Esta comunidad no puede ser una mera gestoría de fondos de otras administraciones», añadió.
El dirigente socialista argumentó que el Gobierno que preside Pedro Sánchez «ha respondido con solidaridad a esta tierra, como corresponde». Enumeró partidas como los 6 millones de unidades de protección, más de 19 millones de euros para programas de atención social, el envío de la UME y el pago de más de 35 millones en ayudas a los autónomos, «por primera vez», aseguró sobre lo último.
El portavoz grupo mayoritario en la cámara autonómica, el socialista, reconoció el trabajo del Gobierno autonómico, en especial el de la consejera Verónica Casado, y lamentó que el de España no haya tenido el respaldo cerrado del que ha gozado el de Castilla y León.
Tudanca censuró el retraso del Decreto-Ley de medidas contra la covid, criticado por los agentes sociales y lamentó que no incluya ni una iniciativa de las propuestas por el PSOE. Reprochó también a la Junta que lleva un mes anunciando medidas sin ponerlas en marcha y afeó que solamente 50 de los 121 millones presupuestados en ese Decreto-Ley sean nuevos.
«La gente no puede esperar más, la política es acción. Queremos ayudar, pero tienen que dejarnos. El 17 de marzo me puse a su disposición. Para luchar por Castilla yLeón, aquí nos tienen», concluyó Luis Tudanca.
Alfonso Fernández Mañueco defendió que será necesario recomponer servicios públicos y tejido económico y laboral. Para ello planteó un pacto de comunidad amplio a los responsables de la oposición, que hizo extensivo a sindicatos y empresarios, organizaciones agrarias y sociales y ayuntamientos y diputaciones. Un acuerdo, dijo Mañueco, «para dar una respuesta común, que funcione. Es lo que las personas de Castilla y León esperan de nosotros y les tiendo la mano».
El ofrecimiento incluía un mensaje de lectura nacional: «España necesita estabilidad. Y la estabilidad no es cerrar los ojos ante lo que es inestable. Es buscar una base más amplia para que deje de serlo. Pactar es negociar. No es dar un cheque en blanco», remarcó el político del PP.
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