La Junta impondrá más restricciones a los no vacunados si aumenta la presión en hospitales

Haciendo alusión a quienes no han recibido el pinchazo por voluntad propia, el Igea ha manifestado: «No tiene sentido que paguen justos por pecadores». Por este motivo, considera que «hay que convencerles con los números, informando del elevado riesgo que corren. Pero no solo ponen en riesgo su vida y su salud, sino también la de sus seres queridos con quienes tienen contacto».

Sin embargo, en España la vacunación no es obligatoria, lo que dificulta marcar los límites de esas restricciones a las que se refiere. «No tenemos indicado incrementar el nivel de restricciones, nos estamos planteando alternativas que deberían empezar por los no vacunados, aunque eso no cierra la puerta a ningún escenario. Restrinjamos a quien ha decidido estar en una zona de riesgo», ha matizado.

Sin especificar en qué consistirían esas medidas extraordinarias para quienes no se hayan querido vacunar, Igea ha detallado que las empresas «pueden tomar medidas sobre los trabajadores». Eso sí, explica que la Junta no puede ir «más allá de lo que marca la ley. Podemos tomar medidas que no vulneren los derechos de las personas y los trabajadores. Pero en ese marco hay posibilidad de hacer cosas, cada uno en su empresa puede saber qué margen de actuación tiene».

Igea ha insistido a la población no vacunada de la «necesidad urgente de completar la vacunación, dado el incremento constante de la incidencia de la pandemia en la comunidad«. No obstante, ha admitido que, por el momento, este aumento no tiene una »repercusión importante en las unidades de cuidados intensivos«.

Para Sanidad «es esencial conseguir un incremento de la vacunación» dado que el 34% de los enfermos en las UCI de Castilla y León no están vacunados, según ha informado el vicepresidente. En este sentido, reconoce que el riesgo de enfermar de coroavirus de gravedad y de acabar en la unidad de críticos es tres veces mayor entre las personas sin vacunar.

El número de personas no vacunadas en la región son «unas cuantas decenas de miles de personas, sobre todo población entre 20 y 55 años. Si tenemos una ola pueden generarnos un problema de asistencia. Puede ser un problema importante«, ha advertido.