La Junta destaca que «ninguna» de las 5.000 familias atendidas por desahucios fue desalojada

La consejera Alicia García ha explicado que las 23 prestaciones que ahora están en esta red se convertirán en 34 y que se consolidan y elevan a derechos subjetivos, exigibles por los ciudadanos independientemente del presupuesto y la demanda que haya, cuatro de esas prestaciones: el servicio integral de apoyo a familias en riesgo de desahucio por deuda hipotecaria, el de provisión inmediata de alimentos y las prestaciones económicas frente a situaciones de deuda hipotecaria o de alquiler de vivienda habitual.

Respecto a la atención que desde la Junta se ha ofrecido a las familias en riesgo de desahucio, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades ha señalado que «ninguna, ninguna, ninguna» de las 5.000 que han sido atendidas desde su puesta en marcha han sufrido un desalojo forzoso.

Castilla y León se convertirá con esa ley, en cuya elaboración han participado los agentes sociales y las organizaciones que atienden a las personas en riesgo de pobreza, en la primera comunidad de España en contar con un instrumento de estas características regulado al más alto nivel.

Alicia García ha avanzado que la Red de Protección cuenta para 2018 con una dotación de 207 millones de euros y una previsión de atención de 200.000 personas. Son 17 millones y 10.000 usuarios más que en 2017, crecimiento que la consejera ha enmarcado en el incremento de prestaciones que persiguen la inserción laboral y social de los beneficiarios y en la flexibilidad de acceso que supondrá «llegar a más personas»