Los Servicios Jurídicos de la Junta de Castilla y León han avalado el archivo de las denuncias, con la revocación de las sanciones impuestas y la devolución de las multas ya pagadas, en relación con los incumplimientos de medidas durante el periodo de vigencia del ... segundo estado de alarma, que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional.
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El Gobierno autonómico especifica que el archivo afecta exclusivamente a aquellas denuncias interpuestas por incumplir medidas impuestas por la Junta como autoridad delegada del estado de alarma. Quedan fueran las sanciones por vulnerar restricciones y limitaciones impuestas por la Junta en sus propias competencias sanitarias.
En octubre el pasado año, se declaró parcialmente inconstitucional el Real Dercreo del 25 de octubre de 2020 por el que se declaró el estado de alarma y su prórroga por el Real Decreto de 3 de noviembre de 2020. La decisión supone declar nulo el nombramiento de los presidentes autonómicos como autoridad competente delegada y permite revisar las sanciones impuestas.
Se ven así afectadas las medidas adoptadas como autoridades delegadas sobre la determinación de los horarios de los toques de queda, la limitación de la entrada y salida de las comunidades autónomas, la limitación de permanencia de grupos de personas en espacios públicos, y la limitación de la permanencia de personas en espacios de culto.
Los expedientes administrativos afectados son aquellos vinculados a la vulneración de medidas entre el 25 de octubre de 2020 y el 9 de mayo de 2021, con independencia del momento en el que actualmente se encuentren -denuncia, en tramitación del procedimiento, resolución sancionadora definitiva o firme, abono de la sanción en periodo voluntario o forzoso, o devolución del importe de la sanción ya pagada-.
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El informe de los Servicios Jurídicos deja claro que en ningún caso las denuncias, procedimientos sancionadores y sanciones por incumplimiento de medidas de otra naturaleza acordadas por la Junta, en virtud de la legislación sanitaria, se ven afectadas. Por tanto, siguen siendo plenamente eficaces, y deben seguir tramitándose.
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