Consulta qué sectores pueden beneficiarse de las nuevas ayudas para autónomos

La comunidad autónoma de Castilla y León ha decidido ampliar en 89 los sectores económicos que se podrán beneficiar de las ayudas directas para autónomos y empresas afectados por el impacto del coronavirus que se podrán solicitar desde mañana, jueves 20 de mayo, y hasta el próximo día 6 de julio, con el compromiso de la Junta de resolver los expedientes a medida que vayan llegando para que el dinero llegue cuanto antes.

Las ayudas se resolverán por orden conforme a la fecha en la que el expediente esté completo y el plazo máximo para resolver y notificar la resolución se ha fijado en el 31 de diciembre de 2021.

Tras el enfado que produjo en el colectivo de autónomos que el Gobierno restringiese a 95 las actividades susceptibles de recibir ayudas a fondo perdido para paliar los daños de la pandemia, la Junta ha aumentado a 184 los sectores –de los 538 de la clasificación CNAE– que finalmente podrán ser beneficiarios. Los trabajadores por cuenta propia y las pymes recibirán 3.000 o 4.000 euros dentro de un programa que dará un pequeño alivio a unos 70.000 pequeños negocios.

Castilla y León dispone de 232 millones de euros dentro de la partida de 7.000 millones que el Gobierno ha distribuido «de una forma inadecuada» entre las comunidades autónomas, según explicó el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo. La comunidad tiene un peso económico y una cuota de autónomos mayor que ese 3,3% adjudicado, pero menos paro y caída del PIB que la media nacional, parámetros estos dos últimos que son los considerados para el reparto.

Las ayudas pueden solicitarse desde hoy mismo y serán abonadas «en muy poco tiempo» para aquellos solicitantes que declaran sus impuestos en el régimen de estimación objetiva por módulos, para quienes el único requisito es declarar que han sufrido pérdida de ingresos. La petición podrá hacerse por tramitación electrónica y el plazo máximo de resolución se fija en el 31 de diciembre.

El consejero señaló que se atenderá especialmente al colectivo de pequeños autónomos, empresarios y profesionales, a quienes se otorgará «el límite máximo previsto en la normativa», es decir 3.000 euros.

Para el resto de empresarios y profesionales –en el régimen de estimación directa–, el importe inicial será de 4.000 euros. Carriedo aseguró que la Junta incrementará la cuantía «si hubiera crédito disponible, de forma proporcional a la caída de ingresos en 2020 con respecto al año anterior».

Estos deberán justificar que han sufrido una caída en la facturación superior al 30%, algo que deberá confirmar la Agencia Tributaria, por lo que el cobro de la ayuda necesitará más tiempo.

Si bien el consejero destacó que serán los autónomos y pequeños negocios los principales receptores de las ayudas, la convocatoria recoge que también pueden beneficiarse grupos y empresas con facturación superior a 10 millones de euros con actividad en Castilla y León y otros territorios. En ningún caso podrán éstos percibir más de 200.000 euros.

Todos los beneficiarios deberán mantener la actividad hasta al menos junio de 2022. De hecho, las ayudas han de emplearse «para satisfacer la deuda y realizar pagos a proveedores y otros acreedores, así como costes fijos que hayan tenido los autónomos y empresas, para lo que se primará la reducción de la deuda».

Carriedo detalló que la administración autonómica ha añadido 89 actividades a la establecidas en el real decreto del Gobierno: 37 de comercio, 15 del ámbito agrícola y ganadero, otras 15 de turismo y cultura, seis de educación, cinco del ámbito sanitario, ocho del área de servicios sociales y tres de otros servicios.

El consejero ha aclarado al respecto que estas subvenciones están destinadas a conservar la actividad de las empresas y de los negocios y no a cerrarlos por lo que se han fijado como requisitoos mantener la actividad correspondiente a las ayudas hasta el 30 de junio de 2022, no repartir dividendos durante 2021 y 2022 y no aprobar incrementos en las retribuciones de la alta dirección durante dos años desde la concesión de la ayuda.

Los beneficiarios de estas ayudas directas serán las empresas no financieras y autónomos con domicilio fiscal en Castilla y León que pertenezcan a los sectores definidos por el Decreto Ley y por la Junta y los grupos y empresas cuyo volumen de operaciones haya sido superior a 10 millones de euros en 2020 y desarrollen su actividad en más de un territorio autonómico o las entidades no residentes no financieras que operen en España a través de establecimiento permanente.

También se pueden beneficiar los grupos, empresarios, profesionales o entidades cuyo volumen de operaciones en 2020 haya sido superior a 10 millones y desarrollen su actividad en otros territorios podrán participar de las convocatorias que allí se convoquen.

Finalmente, Fernández Carriedo ha destacado que se ha articulado un procedimiento «ágil y simplificado» y con «la menor carga burocrática para los solicitantes« para lo que se usará »siempre que sea posible« la fórmula de la declaración responsable »y sin exigir requisitos adicionales a los previstos en la normativa«, lo que obligará a devolver los importes en el caso de no cumplir las exigencias previas. En todo el procedimiento será obligatoria la tramitación electrónica.