La Junta considera «insuficientes y negativas» las medidas del Gobierno para el sector del vino

«Era el momento de apostar por los vinos de calidad en España, y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación no lo ha considerado así», según ha afirmado el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero, según señala una nota de la Junta, recogida por Europa Press, tras las diversas reuniones que ha mantenido este miércoles, telemáticamente, con los representantes de las organizaciones profesionales agrarias, las denominaciones de origen y las cooperativas vitivinícolas de la Comunidad, a través de Urcacyl.

Ante el Real Decreto 557/2020, de 9 de junio, por el que se adoptan medidas extraordinarias en el sector del vino para hacer frente a la crisis causada por la pandemia de la covid-19 el consejero ha dejado claro que «es insuficiente y no equilibra las distintas zonas de España desde el lado de la oferta».

Carnero ha indicado que «el paquete de medidas extraordinarias no responde» a las pretensiones de la Administración regional, pero, no obstante, lo considera «una oportunidad que aprovechar puesto que con toda seguridad habrá bodegueros y viticultores interesados en acogerse a ellas». Los plazos finalizan el 23 de junio, y la Consejería va a facilitar a todos los interesados la presentación de las solicitudes, para que los pagos puedan realizarse antes del 16 de octubre.

Una de las reivindicaciones que el Gobierno ha desoído de Castilla y León, es la que la Consejería le propuso al Ministro de Agricultura, en su día, aludiendo a que pidiera a Europa más fondos adicionales para el sector vitivinícola, pero esto no ha tenido lugar, como sí lo ha pedido, por ejemplo, Francia, y sí que se han reivindicado esas ayudas, por parte del Estado, para el sector del aceite de oliva.

El volumen inicial de vino que recibirá ayuda a la destilación será de 2 millones de hectolitros, de los que 0,5 millones de hectolitros serán de vinos amparados por una Denominación de Origen Protegida (DOP) y 1,5 millones de hectolitros para el resto de vinos (graneles).

Aquí la Consejería había solicitado que hubiera un equilibrio, en el sentido de destinar al 50% esta distribución, pero no se ha tenido en cuenta.

Esta medida está dotada con 65,5 millones de euros, con importes de ayuda de 40 euros por hectolitro en el primer caso y de 30 euros por hectolitro en el segundo.

Los beneficiarios de las ayudas de destilación de crisis serán los destiladores autorizados de productos vitivinícolas que transformen vino en alcohol, pero se comprometerán con la bodega en cuestión a abonar el importe de esta ayuda una vez descontados los costes de destilación.

El alcohol obtenido en esta destilación se destinará a usos industriales, incluida la fabricación de desinfectantes y productos farmacéuticos o energéticos, nunca con fines de boca o alimentarios.

El volumen de vino a destilar por solicitante deberá justificarse mediante los contratos celebrados entre la destilería y el productor del vino que lo entregue a tal fin, por un mínimo de 10 hectolitros por contrato.

Además existe una ayuda complementaria por distancia entre bodega y destilería, en lo que afecta a Castilla y León será de un céntimo por litro para transportes de más de 300 kilómetros, que abonaría íntegramente el destilador al bodeguero.

Los bodegueros interesados tendrán que firmar un contrato con el destilador, y para ello la Consejería pondrá a disposición, mañana día 11, en la página web de la consejería, las fichas técnicas para que los viticultores puedan realizar la solicitud correspondiente.

Las ayudas al almacenamiento privado, para 2,25 millones de hectólitros, de los cuales 2 millones están dirigidos exclusivamente a vinos con denominación de origen protegida y 0,225 millones para vinos con indicación geográfica protegida que.

El objetivo de esta ayuda es que los vinos puedan almacenarse esperando que con la recuperación del mercado, retomen su cotización y ritmo de ventas. Dotada con 15 millones de euros, tendrá a las bodegas como beneficiarias, con un importe de ayuda de 0,027 euros por hectolitro de vino y día de almacenamiento, para un periodo de 180 días en todos los vinos, que puede ampliarse hasta los 270 o 360 días en caso de tintos.

Los almacenamientos serán en depósito o almacén precintable, salvo para los espumosos que, por su proceso de elaboración, se almacenan en botella.Esta medida se ha mejorado parcialmente, respecto a inicio. Desde la Consejería se había pedido al Gobierno que hubiera un incremento de los 0,02 euros por hectolitro/día a 0,04 euros por hectolitro/día.

Una misma bodega podrá acogerse a ayuda al almacenamiento privado y a destilación, siempre que no se refieran al mismo vino.

El paquete de medidas incluye además la posibilidad de aplicar, por primera vez en España, la cosecha en verde en aquellas comunidades que así lo decidan para parcelas amparadas bajo denominaciones de origen protegidas. La medida cuenta con un presupuesto de 10 millones de euros que se abonarán directamente a los viticultores.

En este apartado, la Consejería exigía necesariamente una ayuda media por destrucción que sea igual en todo el territorio nacional que se podría establecer en 600 euros por hectárea.

Se podrán acoger a esta ayuda los viticultores inscritos en alguna DOP y la parcela deberá de tener como mínimo 0,3 hectáreas y no se permitirán parcelas plantadas en las tres últimas campañas (2016-2017, 2017-2018 y 2018-2019).

Esta actividad podrá realizarse de manera manual, mecánica o química entre el 23 de julio y el 4 de agosto. La ayuda a la cosecha en verde se calculará sumando una compensación por los costes directos de destrucción o eliminación de los racimos de uvas y otra por la pérdida de ingresos vinculada a la destrucción o la eliminación de estos.

La Consejería publicará en el Bocyl en breve, los importes de las ayudas por Denominaciones de Origen y estará a disposición la solicitud teletramitable.

A lo que sí obliga el Real Decreto es a la autorregulación. En ese caso los Consejos Reguladores tendrán que tomar sus decisiones para reducir la producción antes del 30 de junio, de acuerdo a las particularidades de cada Denominación de Origen, sin estar sometidos a un porcentaje mínimo obligatorio, y comunicarlo al Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl).