La Junta de Castilla y León financia un entramado de empresas y fundaciones con 600 nóminas

Sobre la mesa de los integrantes de esta comisión de evaluación se situará un mapa de una veintena de entes en los que la Administración autonómica participa de una y otra manera, pero las empresas y fundaciones que dan vida al tomo 15 de los presupuestos, son once: una empresa pública, nueve fundaciones y el Consejo de la Juventud. Tienen en plantilla, según refleja el proyecto presupuestario de 2018, prorrogado actualmente, 604 trabajadores y el montante que destinan a los gastos de personal alcanza los 27,65 millones de euros.

De ese tomo ha salido el polémico grupo de la antigua Ade (Agencia de Desarrollo) hoy ICE, que fue rescatado por la Junta en el año 2015. Su deuda creciente y los 227 empleados (según datos del Consejo de Cuentas) pasaron, literalmente, a mejor vida: directamente a depender de la Consejería de Economía y Hacienda, de la 'Administración B' a la 'Administración A' por la vía directa.

Los derechos consolidados por estos empleados en los convenios colectivos de esos entes dieron bastantes quebraderos de cabeza al equipo de la exconsejera Pilar del Olmo, cuando intentó unificar criterios, porque había cuestiones que chocaban con la regulación del ámbito de la función pública.

El mismo camino siguió el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl), órgano que ejecutaba obras, concentraciones parcelarias y gestionaba la marca Tierra de Sabor y avales para industrias agroalimentarias por encomienda de la Consejería de Agricultura y Ganadería. Ahora está integrado en esta última como un departamento más. En ambos casos se aplica ahora un control más riguroso de los interventores de esas consejerías sobre contrataciones y gastos. Se les ha intentado equiparar al Ente Regional de la Energía, el Ecyl o las gerencias de Sanidad y Servicios Sociales, entes más incardinados en el funcionamiento cotidiano de la Administración.

Junto al Consejo de la Juventud, perviven como sector público autonómico de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (Somacyl) y de las fundaciones Siglo, de Hemoterapia y Hemodonación, de Acción Social y Tutela, de Universidades, del Serla, del Centro de Supercomputación, Anclaje, Santa Bárbara y de Patrimonio Natural.

De estos entes que conforman esa 'Administración b', solo el que gestiona las donaciones de sangre, que tiene como núcleo de operaciones el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León es independiente de la Junta presupuestariamente. Tiene en plantilla 149 personas, según las últimas cuentas autonómicas.

El resto recibe aportaciones del presupuesto regional. En algunos casos es el principal canal, cuando no exclusivo, de financiación. El entramado de empresas y fundaciones públicas que analizarán los actuales responsables de la Junta se ha achicado en los últimos años, fruto del proceso de reconversión obligado por la crisis económica. Un Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado en marzo de 2010 activó el adelgazamiento de la administración paralela estatal y autonómica. La ministra socialista Elena Salgado y los consejeros de las comunidades se comprometieron a racionalizar esos 'bosques' de entes para combatir el déficit público.

El Gobierno de Juan Vicente Herrera no elaboró un plan de racionalización que sirviera de hoja de ruta a esa reconversión, pero redujo el número de entes que dependían de la Junta a través de las leyes de medidas que acompañaron a los sucesivos presupuestos. Una auditoría elaborada por el Consejo de Cuentas sobre los procesos de extinción de entidades de la comunidad en esta reestructuración concluye que la reducción se ha efectuado por fusiones más que por supresiones.

Es fácil de comprender el proceso con una escena cotidiana en una casa con niños de corta edad. Uno de ellos juega a hacer torres encajando cubos de colores. Cuando recoge, mete unos dentro de otros. Otra imagen que sirve para hacer pedagogia de este procedimiento es la de las muñecas matrioskas. Unas empresas van encajando dentro de mayor envergadura. Así se ha 'adelgazado' el mapa de empresas y fundaciones de la Junta.

El ejemplo paradigmático es el del Grupo Ade. La originaria Agencia de Inversiones y Servicios, la Fundación Adeuropa y Ade Financiación conformaron en 2012 la Agencia de Innovación (Ade), que hizo hueco meses después a Ade Parques –suma de Gesturcal (1988) y la empresa Parque Tecnológico de Boecillo (1991) que evolucionó luego a Parques Tecnológicos y Empresariales de Castilla y León (2003)– y Ade Excal . Estas dos últimas, después de superar dos expedientes de regulación que sumaron 90 despidos. La plantilla del órgano resultante, de 227 trabajadores suponía en retribuciones 9,4 millones de euros.

La empresa Somacyl, brazo inversor de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, absorbió a la de promoción de acceso a la vivienda, Provilsa, y la Fundación Siglo asumió a la empresa pública Sotur, de promoción de turismo, tras una drástica poda de la plantilla de esta última.

El Consejo de Cuentas destaca en ese informe que, salvo excepciones puntuales, los entes supervivientes de ese proceso reconversor y no las consejerías han asumido las funciones de mayor peso de los que han desaparecido. El proceso, empujado por el recorte de la recaudación pública durante la crisis, ha supuesto un ajuste de 233 empleos desde 2010 y costó en indemnizaciones 4,8 millones de euros. Según el Consejo de Cuentas de Castilla y León, el ahorro anual de esa aminoración de plantillas era de 7,7 millones de euros.