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La consejera de Familia e Igualdad de la Junta ha defendido en las Cortes el trabajo realizado por los técnicos de Servicios Sociales en el caso de la pequeña Sara, fallecida el pasado 3 de agosto víctima de maltrato continuado y abusos sexuales, y considera ... que se realizó una «actuación correcta en función de la información de la que se disponía en ese momento». Sin embargo, ha anunciado que en septiembre convocará el Consejo Regional de la Infancia, en el que están representadas todas las administraciones, para detectar exactamente los fallos en el sistema de protección que derivaron en la tragedia. Alicia García ha manifestado que la Gerencia de Servicios Sociales no registró una llamada en la que se hubiera puesto de manifiesto que había riesgo para la pequeña el 28 de julio cuando, al parecer, los tíos de Sara llamaron también a la Policía Nacional y Local porque nadie abrió la puerta del domicilio de la Rondilla donde residía la pequeña con su madre y su hermana. García ha afirmado que esa información la han tenido un mes después, cuando ya era tarde para la pequeña. La mañana de ese día, explicó la consejera, los técnicos que realizaban el seguimiento del caso de la pequeña llamaron por la mañana a la tía de la niña para comprobar si las dos menores estaban con ella, lo que no era así. Los técnicos no tienen registrada ninguna llamada de los familiares esa tarde, según ha puntualizado la consejera.
Alicia García, que ha realizado un relato pormenorizado de la actuación sobre la menor desde el momento en que la Junta tuvo conocimiento del caso hasta el fallecimiento de la niña en el Clínico, ha insistido en que la decisión de calificar el expediente como de nivel 2 de protección fue la adecuada, porque se partió de un caso de violencia de género hacia la madre y no se vio conveniente separarla de sus hijas «porque nadie, ni policía, ni fiscal, ni juzgados, ni nadie, pensaba que alguien pudiera atentar contra su vida».
Todos los grupos de la oposición en las Cortes, quienes insistieron en no criminalizar a los trabajadores de la Junta, han solicitado que se revise el protocolo de menores, que se simplifique y que, de entrada, se ponga un servicio de guardia de 24 horas para que se puedan denunciar estos casos de urgencia y evitar que vuelva a suceder.
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