La Junta agiliza los trámites para abrir explotaciones ganaderas en medio de la polémica por las macrogranjas

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado un decreto que simplifica los trámites para abrir explotaciones ganaderas y esta normativa entra en vigor coincidiendo con la contestación social que están generando las solicitudes de instalación de macrogranjas.

Un término inexacto, a juicio de la consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, que ha argumentado que la regulación española es exhaustiva y que incluye el número de cabezas que pueden criarse en una explotación. «No se puede hablar de macrogranjas», ha señalado Marcos.

El nuevo decreto sustituye los controles previos para lograr los permisos y autorizaciones por una declaración responsable del promotor que los funcionarios autonómicos (de Agricultura y Ganadería y de Fomento y Medio Ambiente) se encargarán luego de inspeccionar para comprobar que cumple las exigencias que marca la legislación.

Milagros Marcos ha explicado que el ámbito de aplicación de este decreto abarca las granjas de porcino, bovino, ovino, caprino, equino, aves, conejos, especies peleteras y cinegéticas, entre otras. Se permitirá el inicio de la actividad presentado una comunicación ambiental, en lugar de exigir licencia ambiental previa.

La consejera de Agricultura y Ganadería ha defendido el aspecto de creación de riqueza económica y asentamiento de población en el medio rural que tiene la actividad ganadera y más en concreto la cría de cerdos. «Allí donde hay explotaciones porcinas bien dimensionadas hay un 83% más de población», ha cifrado Marcos.

Coincide en el tiempo esta simplificación administrativa que acortará los plazos para la apertura de explotaciones ganaderas con las protestas en la provincia zamorana por los proyectos de instalación de grandes explotaciones porcinas, algo similar a lo ocurrido en tierras sorianas con una iniciativa para abrir una gran vaquería en Noviercas.